Hay elecciones que pasan casi inadvertidas y, sin embargo, concentran una parte importante de la disputa por el poder. La del 25 de noviembre en el Foro de Abogados es una de ellas. No habrá grandes actos ni una campaña capaz de sacar a miles de personas a la calle. Votarán los matriculados y el resultado quedará circunscripto, en apariencia, a una interna profesional. Pero de esa elección saldrán dos representantes que pueden inclinar la balanza en el organismo que propone a los futuros jueces, fiscales y asesores de San Juan. La política conoce el valor de esos lugares. Por eso empezó a mover sus fichas.
El Consejo de la Magistratura tiene una particularidad: reúne en una mesa a representantes de los tres poderes del Estado y de la abogacía. En teoría, es un ámbito para evaluar antecedentes, examinar candidatos y construir ternas con criterios de idoneidad. En la práctica, también es un espacio de negociación en el que cada integrante llega con una representación, una mirada y, en mayor o menor medida, una afinidad política. Pretender que esa dimensión no existe es desconocer cómo funciona el mecanismo.
El episodio que mejor lo expuso fue la selección de Guillermo Baigorrí como fiscal General, en reemplazo de Eduardo Quattropani. La discusión por la terna mostró que ni siquiera cuando el oficialismo tiene los votos para aprobar una designación en la Cámara de Diputados el recorrido previo está garantizado. Antes de llegar al recinto, los postulantes deben superar el filtro del Consejo. Y allí las voluntades no siempre se ordenan según el mapa político que después aparece en la Legislatura.
En aquella votación, los representantes de los abogados, Raúl Acosta y Valeria Torres, tuvieron un papel decisivo. Torres modificó el sentido inicial de su voto y contribuyó a que Baigorrí avanzara. La escena dejó una enseñanza: esos dos lugares no son un adorno institucional ni una representación corporativa destinada a completar la composición del organismo. Pueden definir una terna y, con ella, alterar el menú de candidatos entre los que luego deberá elegir la Cámara.
El propio Juan José Victoria, ministro de la Corte y presidente del Consejo, reconoció en una entrevista radial que la designación de jueces tiene un “tinte político”, porque la decisión final corresponde a la Legislatura. Al mismo tiempo, defendió el carácter técnico de las entrevistas y la rapidez del sistema sanjuanino para cubrir vacantes. Las dos cosas pueden ser ciertas. Que haya una decisión política al final del recorrido no significa que el concurso deba convertirse en una negociación partidaria.
La renovación de los dos representantes de la abogacía abre, justamente, una nueva disputa por ese equilibrio. El oficialismo del Foro, encabezado por José Salinas, buscará ampliar su presencia en el Consejo. Tiene vínculos con el orreguismo a través de dirigentes como Claudia Sarmiento y Rodolfo Colombo, aunque eso no convierte automáticamente a cada integrante de su espacio en un delegado del Gobierno. Del otro lado, Abogacía Transformadora, que conduce el expresidente del Foro Marcelo Álvarez, representa un armado con referencias peronistas. Y, en un tercer carril, Abogacía Independiente y Foro Independiente, con Gustavo Sánchez y Marcelo Arancibia entre sus referentes, intentan consolidar una alternativa que también puede modificar el reparto de fuerzas.
La ensalada de nombres y agrupaciones tiene una lógica. El oficialismo del Foro y sus aliados buscan sostener la hegemonía; el peronismo pretende conservar capacidad de incidencia en un ámbito donde históricamente tuvo presencia; y el espacio que se desprendió de la alianza oficialista sabe que una elección dividida puede darle una gravitación mayor a la que tendría en una competencia polarizada. La disputa no se agota en la conducción del Foro: también se juega en el Consejo, en el Jurado de Enjuiciamiento y en los lugares desde los que se puede intervenir en la vida institucional de la provincia.
Las alianzas, además, no son inmutables. En 2023, el cambio de signo político en la conducción del Foro acompañó el reordenamiento provincial. En 2025, José Salinas se impuso sobre Álvarez en la elección del directorio, pero el resultado del Jurado de Enjuiciamiento quedó en manos de Sofía Lloveras, de Abogacía Transformadora. Hubo ganadores distintos según el terreno. Esa dinámica obliga a mirar cada votación como una disputa específica, sin suponer que las etiquetas partidarias garantizan obediencia ni que las agrupaciones profesionales actúan como bloques homogéneos.
En el peronismo, además, la elección puede funcionar como otra medida de su capacidad para conservar posiciones mientras busca una conducción y una estrategia hacia 2027. Sergio Uñac mantiene relaciones políticas y judiciales que forman parte de su trayectoria, pero la existencia de esos vínculos no permite dar por sentado cómo se ordenará la votación de los abogados. La pregunta concreta es si Abogacía Transformadora profundizará su identificación partidaria o mantendrá una identidad más amplia, capaz de sumar apoyos por fuera de su núcleo tradicional.
El oficialismo provincial también tiene motivos para prestar atención. La designación de Baigorrí fue un movimiento institucional de peso, pero la renovación del Consejo puede influir en las próximas ternas y, por lo tanto, en las decisiones judiciales que tendrá por delante la gestión de Marcelo Orrego. La política piensa en quién estará sentado a la mesa cuando aparezca la siguiente vacante.
Por eso resulta tan repetida la apelación a la independencia. En la reciente disputa nacional por la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura, en este caso de la Nación, Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento defendieron la idea de que los matriculados deben elegir a sus propios representantes.
“Los abogados tienen que votar abogados”, sostuvo Biglieri en una entrevista con DIARIO DE CUYO. La frase tiene fuerza como reivindicación profesional, pero no resuelve la cuestión de fondo. Los abogados votan abogados, sí; después esos representantes deben tomar decisiones que inciden sobre el conjunto del sistema judicial y que pueden tener consecuencias políticas concretas.
No hay nada necesariamente irregular en que un candidato tenga una trayectoria partidaria, vínculos con un gobierno o afinidad con una oposición. La política forma parte de la arquitectura del Consejo. El problema aparece cuando esas relaciones reemplazan los criterios de mérito, cuando los acuerdos se vuelven opacos o cuando los consejeros no pueden explicar por qué eligen a un postulante y descartan a otro.
La discusión, entonces, no pasa por fingir que los consejeros carecen de ideología o de intereses. Pasa por exigir que las decisiones sean transparentes, que los criterios de evaluación sean previsibles y que los votos puedan justificarse con argumentos verificables. Si un candidato tiene mejores antecedentes, debe poder demostrarlos. Si una entrevista cambia el resultado de un concurso, deben conocerse los motivos. Aunque aquí en San Juan no haya orden de mérito.
El 25 de noviembre no se elegirá al próximo gobernador ni se resolverá la interna de ningún partido. Pero tampoco será una elección intrascendente. En esos comicios de nicho se definirá quiénes tendrán voz en un organismo que ayuda a determinar quiénes administrarán justicia durante los próximos años.
La política quiere tallar en la Justicia porque sabe que allí se juega una parte del poder. No hace falta convertir esa realidad en una denuncia ni esconderla detrás de un discurso de neutralidad. Hace falta reconocerla y discutir sus límites. La independencia judicial no se garantiza con candidatos que aseguran estar por encima de la política, sino con un sistema que obligue a todos —oficialistas, opositores y representantes profesionales— a rendir cuentas por sus decisiones.
