El Consejo Interuniversitario Nacional alertó sobre la caída del financiamiento universitario y cuestionó el incumplimiento de la Ley 27.795. La carta fue entregada en el Vaticano antes de la visita del Pontífice a la Argentina.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario le entregó al papa León XIV una carta con duras críticas al Gobierno.
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Las universidades públicas argentinas llevaron su reclamo al Vaticano. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, entregó al papa León XIV una carta en la que las autoridades académicas cuestionaron al gobierno de Javier Milei por el deterioro del presupuesto universitario y la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación se realizó durante la audiencia general encabezada por el Pontífice y se produjo después de la quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, en la que estudiantes, docentes, no docentes y autoridades reclamaron una recomposición salarial, mayores recursos y el cumplimiento de la legislación vigente.
Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), explicó que el objetivo fue acercarle al Papa información sobre la situación de la educación superior, la investigación científica y las dificultades que atraviesan las instituciones. El encuentro también se concretó en la antesala de la visita de León XIV a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre.
El documento plantea que el conflicto excede la discusión presupuestaria y advierte sobre sus implicancias institucionales. Para el CIN, la falta de aplicación de una ley aprobada por el Congreso y las controversias judiciales por su cumplimiento ponen en discusión el respeto por la división de poderes.
En una carta de tres páginas, las autoridades universitarias expusieron sus cuestionamientos al Ejecutivo y describieron el impacto de las restricciones presupuestarias sobre la enseñanza, la investigación y las actividades de extensión.
“El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República”, sostiene el texto, que cuestiona la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795 y el incumplimiento de las decisiones judiciales vinculadas con su ejecución.
El CIN también advirtió sobre las consecuencias institucionales de la disputa. Según expresaron sus autoridades, cuando un gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, el problema deja de ser exclusivamente presupuestario y alcanza al funcionamiento del Estado de derecho.
Durante el encuentro, Bartolacci transmitió al Pontífice el saludo de la comunidad universitaria y las expectativas ante su próxima llegada al país. “Fue un honor saludar al Papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, expresó.
El organismo no informó que el Papa haya asumido compromisos concretos respecto del reclamo. La audiencia permitió presentar la posición de las universidades y poner en conocimiento del Pontífice las dificultades que atraviesa el sistema.
Uno de los principales argumentos de la carta es la evolución de los recursos destinados a las universidades nacionales. Según los cálculos incluidos en el documento, la inversión universitaria pasó de un promedio equivalente al 0,74% del PBI entre 2016 y 2023 al 0,47% en 2026.
La diferencia representa una caída de 0,27 puntos porcentuales del PBI, equivalente a una reducción relativa cercana al 36,5% respecto del promedio del período anterior.
Para las autoridades académicas, la restricción de fondos condiciona el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio y afecta los proyectos de investigación científica, la extensión universitaria, la vinculación tecnológica y la adquisición de equipamiento.
El documento también advierte sobre las consecuencias para los estudiantes y sus posibilidades de completar las carreras. El CIN sostiene que el deterioro presupuestario no repercute solamente en las aulas y los laboratorios, sino también en la capacidad de las instituciones para sostener sus actividades científicas y contribuir al desarrollo del país.
En ese contexto, las autoridades recordaron una definición del papa Francisco, quien calificó los recortes en educación como un “suicidio programado”. La referencia fue incorporada para destacar la importancia de la educación en las políticas de inclusión y desarrollo social.
La Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795 fue sancionada por el Congreso y ratificada después de que el presidente Javier Milei vetara la norma. Entre sus disposiciones contempla mecanismos de recomposición presupuestaria, actualizaciones salariales para docentes y no docentes y recursos destinados a las becas estudiantiles.
El Poder Ejecutivo condicionó su aplicación mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que debían identificarse las fuentes de financiamiento. La decisión derivó en reclamos judiciales de las universidades para exigir que se cumpliera la legislación.
En ese proceso, el juez federal en lo contencioso administrativo Martín Cormick dictó resoluciones favorables a los planteos universitarios, entre ellas una medida cautelar relacionada con salarios y becas. También declaró inconstitucional la condición establecida por el Gobierno para ejecutar la ley.
Sin embargo, el conflicto continuó en los tribunales. El 20 de octubre, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó la revisión de decisiones que el juez de primera instancia había considerado inapelables.
El tribunal entendió que el Estado podía discutir la continuidad de la medida cautelar, a partir del planteo oficial de que había perdido vigencia luego de la sentencia de fondo.
La Cámara no resolvió si la cautelar continúa vigente ni determinó si el Gobierno cumplió con las obligaciones establecidas. La admisión de la apelación fue un avance procesal para el Ejecutivo, pero no implicó una definición sobre el fondo de la controversia.
Mientras tanto, las universidades mantienen el reclamo por la aplicación efectiva de la ley y por la asignación de los recursos correspondientes, en medio de las discusiones sobre el Presupuesto 2027.
En la carta, el CIN destacó que el sistema universitario público reúne a cerca de tres millones de personas en más de 70 instituciones distribuidas en el territorio nacional. También reivindicó su aporte a la movilidad social, la formación profesional, la producción científica y el desarrollo tecnológico.
“La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son factores fundamentales de la economía del país”, plantea el documento, que vincula el financiamiento educativo con la posibilidad de agregar valor a las materias primas, impulsar la innovación y generar empleo.
Las autoridades también recuperaron reflexiones de León XIV sobre la importancia del diálogo, la comunicación y la búsqueda de la verdad frente a la desinformación y la polarización. Desde esa perspectiva, señalaron que las universidades tienen un papel central en la formación de ciudadanos capaces de contrastar fuentes y participar de los debates públicos.
“La universidad argentina, pública, gratuita y federal, es una valiosa conquista de muchas generaciones y nuestra responsabilidad es preservarla para quienes vengan”, concluye uno de los últimos pasajes de la carta.
Con esta presentación, las universidades sumaron una instancia internacional a un conflicto que continúa abierto en el Congreso y en la Justicia. El reclamo busca poner en el centro del debate el financiamiento de la educación superior y el cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento de las instituciones públicas.
