De manera subrepticia. Así sucede la investigación de la causa de presunta corrupción en la ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulum, la obra pensada para el San Juan del millón de habitantes que continúa frenada. Este miércoles, tras el fallecimiento de Gustavo Monti, uno de los sospechosos por el vínculo opaco entre el Estado sanjuanino y la empresa que proporcionó los caños para la obra -según una serie de notas periodísticas de un diario digital- salió a la luz la maquinaria que puso en marcha la Fiscalía General con el OK de la Corte de Justicia para montar una oficina particular para analizar el caso.
Según fuentes calificadas del ámbito judicial, el fiscal General Guillermo Baigorrí solicitó formalmente al máximo tribunal una serie de recursos materiales y humanos para munir a los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro —quienes tienen a su cargo cuatro ayudantes de fiscal— de los elementos necesarios para encarar una investigación que, reconocen en voz baja, será extensa y técnicamente compleja.
De acuerdo a las fuentes, la Corte autorizó la disposición de un espacio físico exclusivo (de ubicación reservada por motivos obvios), equipamiento informático y cámaras de seguridad, además del material administrativo básico. Similar a las cuestiones asignadas a la megacausa expropiaciones.
Sin embargo, el dato que sobresale es el esquema de funcionamiento: la oficina no trabajará conectada al sistema interno habitual ni estará en red con la Fiscalía General. Contará con un sistema informático específico y circuitos cerrados, con el objetivo explícito de evitar filtraciones y resguardar la información sensible del caso.
“El fiscal General dio prioridad para avanzar con la investigación”, deslizaron fuentes off the record. La creación de esta estructura particular reforzó la idea de que el expediente será abordado con un esquema de trabajo diferenciado.
La decisión se conoce en un contexto marcado por la muerte de Monti, ocurrida este miércoles como consecuencia de una enfermedad que había deteriorado su salud. Desde el Ministerio Público fueron categóricos al señalar que el fallecimiento no altera el rumbo de la pesquisa. “La investigación sigue adelante”, fue la definición escueta que transmitieron. También aclararon que el expediente se encuentra en una etapa preliminar, sin imputaciones formales y con un horizonte de análisis que, todo indica, será a largo plazo.
El mensaje apuntó a despejar versiones sobre un eventual cierre del caso. Según remarcaron en Fiscalía, la denuncia penal no se centró en la responsabilidad individual de Monti, sino en el presunto manejo irregular del Estado sanjuanino en la ejecución de una obra pública de alto impacto.
El empresario había ganado notoriedad pública tras iniciar acciones judiciales contra los periodistas Antonio Canales y Osvaldo Benmuyal, causas que terminaron con el sobreseimiento de ambos comunicadores. A partir de esos procesos comenzó a circular documentación que lo vinculó con una empresa privada que participó en la construcción del acueducto, obra clave iniciada durante la gestión del entonces gobernador Sergio Uñac.
Las sospechas se concentran en el proceso licitatorio para la provisión de tuberías, adjudicado a Krah América Latina S.A. Diversas publicaciones periodísticas lo mencionaron a Monti como presunto referente local de la firma y aludieron a una supuesta comisión facturada por PVC San Juan SRL, además de registros fotográficos junto a directivos de la compañía en actos vinculados a la licitación.
La denuncia penal fue presentada por el abogado y expresidente del Foro de Abogados Marcelo Arancibia, quien basó su planteo en los links de las notas publicadas por el diario digital Tiempo de San Juan. A partir de esa presentación se abrió el expediente que hoy tramita bajo la órbita del fiscal Gómez.
