El Gobierno nacional consiguió el dictamen de mayoría del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para evaluar inversiones extranjeras en sectores estratégicos. Tras negociar modificaciones con bloques aliados, el oficialismo dejó el texto en condiciones de llegar al recinto, con el jueves 12 de noviembre como fecha tentativa para la sesión.
La iniciativa, impulsada principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo, abarca la explotación de recursos renovables y no renovables en el Atlántico Sur. También contempla sanciones para empresas y actores vinculados con esas actividades, mediante multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones en la Argentina.
Uno de los principales puntos de conflicto fue el alcance de esas sanciones y su posible impacto sobre compañías extranjeras. Según el texto original, las penalidades podían alcanzar a distintos participantes de los proyectos, una disposición que generó cuestionamientos, incluso por parte de Estados Unidos. En ese marco, el subsecretario de Estado Christopher Landau transmitió al presidente Javier Milei la preocupación de la administración de Donald Trump por las consecuencias que la iniciativa podría tener para empresas estadounidenses.
Tras las negociaciones parlamentarias, el oficialismo aceptó limitar la responsabilidad a quienes intervengan directamente en los negocios ilegales, como operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de los proyectos. La nueva redacción excluye a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión indirectos que tengan participación en las empresas involucradas.
El Consejo de Seguridad Nacional y el control de las inversiones
Otro de los ejes centrales del proyecto es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que estará presidido por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
El organismo tendrá la función de coordinar la estrategia estatal en materia de defensa, inteligencia y seguridad interior. Además, podrá evaluar inversiones promovidas por Estados extranjeros y empresas con capitales de ese origen en sectores considerados estratégicos, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.
A pedido de los bloques aliados, el oficialismo incorporó la posibilidad de que el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y los gobernadores participen como miembros no permanentes cuando los temas tratados lo requieran. También sumó al Ministerio de Seguridad como integrante permanente del Consejo, a cargo de Alejandra Monteoliva.
Otra modificación relevante fue la incorporación de una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, que tendrá facultades para supervisar y auditar las decisiones del nuevo organismo. La propuesta fue impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), con el objetivo de garantizar controles parlamentarios sobre una estructura integrada principalmente por funcionarios del Poder Ejecutivo.
Según la modificación acordada, el Gobierno deberá informar a la bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
Cambios en las penas por injerencia extranjera
El proyecto también contempla penas de cinco a doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, intervengan para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
En este punto, el dictamen incorpora una definición de lo que se considera una campaña de injerencia extranjera. La figura comprende acciones planificadas y sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas que busquen modificar el resultado de elecciones, afectar la formación de la voluntad política o condicionar las decisiones de las autoridades.
Al mismo tiempo, establece exclusiones expresas para evitar que determinadas actividades queden alcanzadas por esa figura penal. La actividad diplomática ajustada al derecho internacional, la expresión pública de opiniones de gobiernos extranjeros, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta y regulada de intereses no serán consideradas campañas de injerencia.
Las precisiones responden a los cuestionamientos planteados durante las negociaciones, en las que distintos sectores reclamaron mayor claridad en la definición de las conductas que podrían ser sancionadas.
Los aliados reclaman más modificaciones antes del debate
Pese al dictamen de mayoría, el acuerdo entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas todavía presenta diferencias. Algunos aliados firmaron el despacho con disidencias y advirtieron que esperan nuevos cambios, especialmente en los artículos 127, 128 y 129.
Entre los cuestionamientos aparece la necesidad de precisar cómo se aplicarán las disposiciones a organizaciones no gubernamentales y entidades que buscan influir en las políticas públicas. Desde el propio oficialismo reconocieron que todavía existen aspectos de la redacción que requieren ajustes.
También se precisaron las competencias de la Prefectura Naval y del Comando Conjunto Marítimo, aunque el texto no estableció una regla específica para determinar cuál de las dos fuerzas tendrá intervención primaria y cuál actuará de manera subsidiaria.
Con esas diferencias todavía abiertas, el oficialismo apunta a llevar el proyecto al recinto el 12 de noviembre, aunque la fecha podría modificarse por el calendario parlamentario y la visita del papa León XIV a la Argentina.
El objetivo de las negociaciones es reunir los apoyos necesarios para avanzar con una iniciativa que, además de modificar el régimen de sanciones por la explotación de recursos en Malvinas, introduce cambios de alcance más amplio en materia de defensa, seguridad, inteligencia y control de inversiones extranjeras.
