Londres ofreció asistencia a las compañías que operan en las islas y cuestionó las restricciones impulsadas por Javier Milei contra actividades petroleras y pesqueras.
La disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo de tensión. El gobierno británico difundió una guía destinada a respaldar a las empresas que operan en el archipiélago, apenas después de que la administración de Javier Milei endureciera las sanciones contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos y la actividad pesquera.
El documento, publicado bajo el título Doing business with the Falkland Islands, constituye la primera respuesta oficial de Londres a la ofensiva argentina. Allí, el Reino Unido afirma que respaldará las actividades económicas que considera legítimas en las islas y brinda información específica para empresas que comercialicen productos, presten servicios o participen en la explotación de recursos naturales.
La reacción británica se produce luego de que Milei firmara un DNU para reforzar las restricciones contra firmas vinculadas con actividades económicas en Malvinas y anunciara además el envío de proyectos al Congreso para endurecer el esquema. Hasta este martes, esas iniciativas todavía no habían ingresado al Parlamento.
Uno de los puntos de mayor tensión es que el Reino Unido puso a disposición de las compañías su estructura diplomática en caso de que reciban intimaciones o reclamos derivados de medidas adoptadas por la Argentina.
El gobierno británico sostiene que las empresas podrían recibir notificaciones judiciales argentinas, pero rechaza la jurisdicción nacional sobre las actividades que se desarrollan en las islas. También indicó que la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) podrá intervenir ante terceros países si compañías relacionadas con Malvinas enfrentan presiones por sus operaciones.
Londres volvió además a ratificar su posición histórica sobre la soberanía y sostuvo que no discutirá esa cuestión mientras los habitantes de las islas no lo soliciten. Argentina, en cambio, reclama soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, una disputa reconocida internacionalmente y pendiente de resolución.
La estrategia impulsada por el Gobierno argentino apunta particularmente contra las compañías vinculadas con la exploración y extracción de petróleo y con la actividad pesquera en las aguas que rodean las islas.
Entre las medidas mencionadas se encuentran restricciones administrativas para aquellas firmas que pretendan desarrollar negocios en territorio continental argentino, incluida la posibilidad de impedirles participar en futuros contratos vinculados con Vaca Muerta.
La disputa también avanzó en los tribunales. Este martes, el fiscal federal Carlos Stornelli imputó a directivos de empresas alcanzadas por las sanciones argentinas, otro movimiento que elevó el nivel de confrontación alrededor de la explotación de los recursos naturales en el Atlántico Sur.
En su documento, Londres defendió expresamente la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales bajo la administración británica y aseguró que las sanciones argentinas aplicadas durante distintos gobiernos no impidieron el desarrollo económico del archipiélago.
El nuevo movimiento británico llega así en momentos en que Buenos Aires vuelve a aumentar la presión económica y judicial sobre las compañías que operan en Malvinas sin autorización argentina, convirtiendo a los recursos petroleros y pesqueros en uno de los principales focos de una disputa diplomática que permanece abierta.
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