El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, aseguró que, una vez notificados UTA y ATAP, el servicio debe restablecerse de inmediato. Si la medida continúa, podrían aplicarse sanciones económicas y consecuencias penales para choferes.
Dávila advirtió por multas millonarias si no vuelven los colectivos.
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El fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, endureció la advertencia tras la resolución judicial que ordenó normalizar el transporte público en la provincia. El funcionario sostuvo que incumplir la medida dispuesta por la Justicia puede constituir un delito y explicó que la resolución contempla además una sanción para choferes de $1 millón por cada día que persista la desobediencia.
La declaración llegó después de que el Gobierno provincial presentara un amparo con una medida cautelar para que se restableciera el servicio de colectivos. El juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, hizo lugar al planteo y ordenó que choferes y empresas retomen las tareas normales y habituales mientras continúa el conflicto entre UTA y el sector empresario.
El Gobierno sanjuanino presentó una cautelar y la Justicia ordenó que vuelvan los colectivos
En diálogo con 0264 Radio, Dávila explicó que Fiscalía de Estado avanzó judicialmente luego de considerar que la paralización del transporte estaba afectando derechos constitucionales de miles de sanjuaninos. Según detalló, se presentó un amparo acompañado de una medida cautelar innovativa con el objetivo de lograr que el sistema volviera a funcionar.
La advertencia más fuerte apareció cuando fue consultado por las consecuencias de una eventual desobediencia. “El solo hecho de incumplir una orden judicial es materia de delito”, afirmó. Y agregó que, si la situación se mantiene en el tiempo, también puede aplicarse una sanción económica: “Es de un millón de pesos por cada día que se siga manteniendo esta situación”.
El fiscal aclaró que la demanda fue dirigida tanto contra UTA como contra ATAP, por lo que la sanción podría alcanzar a cualquiera de los demandados que incumpla la resolución. “Si no lo cumplen, puede ser para cada uno la sanción, una multa diaria de un millón de pesos”, explicó. También confirmó que una eventual desobediencia puede derivar en una denuncia penal.
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Otro de los puntos centrales de la resolución es su efecto inmediato. Durante la entrevista, Dávila señaló que el proceso de notificación a las partes ya estaba en marcha y que, una vez formalizado, no existe un plazo adicional para continuar con la retención.
“Estando notificados ya deberían restituirse los servicios, inmediatamente”, remarcó el fiscal de Estado.
La decisión judicial se conoció mientras continuaba una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo entre representantes sindicales, empresas y autoridades provinciales. Hasta ese momento, el conflicto salarial había mantenido paralizado el transporte público y no se había alcanzado un acuerdo entre las partes.
Dávila explicó que la presentación no buscó desconocer el derecho de los trabajadores a reclamar, sino intervenir ante el impacto que la medida estaba generando sobre otros derechos.
Entre los fundamentos mencionó la libre circulación, el acceso a la salud, la posibilidad de que otros trabajadores lleguen a sus empleos y el derecho a la educación. “No desconocemos en absoluto el derecho de cualquier trabajador de poder protestar”, aclaró, pero sostuvo que la afectación de otros derechos de interés público motivó la intervención de Fiscalía de Estado.
La resolución judicial abre así un nuevo escenario dentro del conflicto: mientras continúa la discusión salarial entre UTA y las empresas, la orden vigente exige la restitución del servicio y deja expuestas a las partes a multas diarias y eventuales consecuencias penales en caso de incumplimiento.
