El diputado nacional de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc, aseguró que el proyecto de aclaratoria de la Ley de Glaciares busca “ordenar competencias” entre Nación y provincias sin afectar la protección ambiental, y confirmó que todavía no hay una fecha definida para su tratamiento en el recinto.
En diálogo con el programa Informadísimos que conduce el periodista Fernando Ortiz en Radio Colón, el legislador —que tuvo a su cargo la conducción de la audiencia pública— calificó como “larga pero positiva” la jornada, marcada por una alta participación. “Escuchamos a todas las personas que vinieron y estaban anotadas”, sostuvo, en referencia a un proceso que reunió a cientos de expositores y miles de inscriptos.
Según detalló, la instancia de participación aún no está cerrada. “Pueden seguir presentando escritos o videos de hasta cinco minutos con sus posiciones”, explicó, al tiempo que remarcó la complejidad organizativa: “Había miles y miles de anotados, cerca de 101.000”.
Peluc fue enfático al descartar versiones sobre una sesión inminente en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. “No, primero tenemos que hacer una reunión informativa de comisiones conjuntas”, aclaró.
En ese sentido, adelantó que el cronograma legislativo incluye nuevas instancias técnicas y políticas antes de avanzar hacia el dictamen. “Ahí escuchamos a diputados, gobernadores y algunos invitados técnicos. Después recién viene el plenario para ver si sacamos dictamen y luego la sesión”, indicó.
Incluso, dejó entrever que los tiempos podrían estirarse más allá de las fechas que circularon públicamente: “Es una semana media corta por Semana Santa, no sé si llegamos”.
Cabe recordar que la iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación Argentina, por lo que su definición depende ahora del tratamiento en la Cámara baja.
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la defensa política del proyecto frente a sectores críticos. Peluc insistió en que la norma no implica una flexibilización ambiental, sino una precisión jurídica.
“Esto no modifica el cuidado del glaciar ni nada por el estilo”, afirmó, y explicó que el problema actual radica en la superposición de competencias: “No es clara la potestad de quién tiene la autoridad, si la Nación o la provincia”.
En esa línea, vinculó la iniciativa con la necesidad de destrabar proyectos productivos y de infraestructura, especialmente en provincias cordilleranas como San Juan. “Es importante para la minería, pero también para obras como caminos. No podés intervenir en la cordillera si no tenés los permisos claros”, señaló.
El diputado incluso mencionó proyectos concretos en evaluación en zonas como Calingasta, donde la falta de definiciones legales dificulta avances en infraestructura estratégica.