La resolución del juez Héctor Rollán obliga a levantar las medidas de fuerza. El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó las consecuencias de no acatarla.
La orden judicial que dispuso el regreso del servicio de colectivos en San Juan ya fue notificada a las partes y, desde ese momento, tanto las empresas como los trabajadores deben garantizar la prestación del servicio. Si la UTA decide mantener el paro, habrá consecuencias económicas y también podría intervenir la Justicia penal.
Así lo explicó a DIARIO DE CUYO el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, al referirse a la resolución dictada por el juez Héctor Rollán, a cargo del Primer Juzgado Civil, en el marco de la medida cautelar presentada por el Gobierno provincial.
"Se ha dictado una medida cautelar por la cual deben cesar todas las medidas de fuerza y retención de servicio desde que sean notificados, y ya se los ha notificado", explicó Dávila.
Ante la consulta sobre qué ocurriría si, pese a la orden judicial, la UTA mantiene la medida de fuerza, el fiscal de Estado fue contundente: pueden hacerlo, pero deberán afrontar las consecuencias del eventual incumplimiento.
"De poder, pueden, pero se exponen a la aplicación de una multa diaria de un millón de pesos y que pasen las actuaciones al ámbito penal por desobediencia de una orden judicial", señaló.
De esta manera, la resolución de Rollán obliga a levantar las medidas de fuerza y garantizar el servicio alcanza a las partes involucradas en el conflicto, por lo que tanto los empresarios como los sindicalistas deben cumplir con lo dispuesto por la Justicia.
La medida cautelar se conoció este jueves, mientras todavía se desarrolla la audiencia convocada en la Subsecretaría de Trabajo para intentar destrabar el conflicto que mantiene paralizado el transporte público de pasajeros en toda la provincia.
El conflicto se originó por el reclamo de los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) contra las empresas, en medio de una discusión por salarios y una deuda que el gremio sostiene que mantienen las compañías. La medida de fuerza dejó a los usuarios sin colectivos y llevó al Gobierno provincial a recurrir a la Justicia para intentar restablecer el servicio.
