En declaraciones sobre el planteo, el abogado Nasser Uzair sostuvo que la competencia federal corresponde “porque así lo determinan las leyes de la Nación cuando hay una afectación del erario público nacional”. También señaló que, cuando se encuentran comprometidos fondos de ambas jurisdicciones, la jurisprudencia contempla la intervención federal.
La defensa consideró que la investigación debe analizar de manera integral el financiamiento, la ejecución y los controles de la obra. Su postura es que separar los hechos por jurisdicción podría impedir una investigación completa de las responsabilidades que busca determinar.
El escrito no se limitó a discutir el origen de los fondos. También cuestiona cómo se definió el universo de personas investigadas y pone en duda la imparcialidad con la que, según la defensa, se está llevando adelante el expediente.
Entre otros puntos, planteó interrogantes sobre la citación de Cristian Andino, expresidente de OSSE y actual diputado nacional, y sobre el tratamiento dado a otros funcionarios que, de acuerdo con la interpretación de la defensa, también tuvieron responsabilidades vinculadas con el proyecto. En ese marco, menciona al exgobernador José Luis Gioja y al actual titular de OSSE, José Luis Beltrán.
Se trata de cuestionamientos formulados por la defensa, no de conclusiones judiciales sobre la existencia de irregularidades en la actuación de los investigadores. La presentación busca respaldar el pedido de que intervenga otro fuero y sostiene que el expediente debe tramitar ante una jurisdicción que considere independiente de los actores locales.
Uzair, por su parte, negó que la presentación responda a una maniobra para dilatar el caso. “Esto no es una cuestión de estrategia, esto es una cuestión de aplicación del derecho como corresponde, porque estamos en un Estado de derecho”, afirmó.
La jueza de Garantías, Mónica Lucero, con el resto de los investigados y abogados.-
El abogado también explicó los escenarios que podrían abrirse a partir del planteo. Por ahora, Rafecas no aceptó la competencia federal ni ordenó el traslado del expediente: el 13 de octubre pidió informes urgentes a la UFI Delitos Especiales y a la jueza Lucero para conocer el objeto y el estado de la investigación provincial.
Con esa información, el juez podrá evaluar si corresponde que la Justicia Federal reclame el expediente. Si considera que debe intervenir ese fuero, podría declararse competente y requerir que la jueza sanjuanina se aparte.
Si la Justicia provincial acepta el planteo, la causa podría pasar a Comodoro Py. Si, en cambio, Lucero sostiene que la investigación corresponde a San Juan y rechaza el pedido, se abriría un conflicto de competencia que podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendría que definir qué jurisdicción debe intervenir.
Uzair también indicó que, si Rafecas rechazara la inhibitoria, la defensa podría recurrir esa decisión por las vías procesales correspondientes. La disputa, por lo tanto, podría extenderse más allá de la primera resolución del juzgado federal.
Otro punto que destacó el abogado es qué debería ocurrir con la investigación provincial mientras se resuelve la competencia. Desde su perspectiva, San Juan debería abstenerse de avanzar con determinadas actuaciones mientras se define qué fuero es competente. Incluso advirtió que continuar con el proceso podría generar un problema jurídico.
Sin embargo, esa es la interpretación de la defensa: el requerimiento de informes de Rafecas no suspendió automáticamente la causa provincial ni implicó que la Justicia Federal ya hubiera asumido el expediente.
El planteo tiene relevancia basicamente por el calendario judicial. La audiencia de formalización en San Juan fue reprogramada para el 10 de noviembre, luego de las ausencias de Uñac y Andino, quienes habían alegado obligaciones laborales en el Congreso. La discusión sobre la competencia corre por un carril propio y todavía no está resuelta.
Arancibia rechazó que la presencia de fondos nacionales e internacionales alcance para justificar el pase de toda la causa a la Justicia Federal. Su argumento central es que hay que distinguir entre los contratos vinculados con la obra: por un lado, la provisión de cañerías y, por otro, la obra civil.
Según explicó, la denuncia que presentó se refiere a la adquisición de los caños y no a la ejecución de la obra civil, que sí contó con financiamiento de distintas fuentes. En su lectura, la contratación cuestionada fue gestionada por organismos provinciales: desde el llamado a licitación y la adjudicación hasta la firma del contrato, las modificaciones de precios, la aprobación del proyecto y los controles sobre la calidad de los materiales.
“La denuncia no involucra esta licitación, está fuera. Por lo tanto, invocar que había recursos nacionales es absolutamente absurdo porque la obra civil no está siendo investigada penalmente”, sostuvo Arancibia, al explicar por qué considera que el expediente debe permanecer en San Juan.
Su postura es que la competencia no se define únicamente por el origen del dinero, sino también por quién administró los recursos y qué organismo tuvo a su cargo la contratación específica bajo investigación. Desde esa perspectiva, la existencia de financiamiento nacional para otras partes del proyecto no trasladaría por sí misma la investigación sobre la compra de cañerías al fuero federal.
Arancibia interpretó que el planteo de la defensa puede demorar el avance del expediente. “Lo que están procurando es ese conflicto para que la Corte Suprema, que por la Constitución Nacional debe intervenir para definir quién es competente, resuelva. Bueno, no tiene plazo y ese plazo puede ser un día o pueden ser 10 años”, afirmó.
El excandidato a gobernador consideró, además, que una controversia que llegue a la Corte podría prolongarse sin un plazo cierto y afectar el avance de la causa. En su interpretación, la demora podría beneficiar a los imputados si los tiempos judiciales terminan acercando los hechos investigados a la prescripción. Se trata de su lectura sobre la estrategia de la defensa, no de un propósito acreditado judicialmente.
La discusión por la competencia encima está sazonada por la interna del peronismo sanjuanino. En pasilolos y cafés, tanto de Tribunales como de despachos de dirigentes, circularon versiones que relacionan el avance de la causa con la disputa histórica entre los sectores de Gioja y Uñac. Sin embargo, no hay elementos comprobados que permitan afirmar que el exgobernador Gioja haya intervenido para impulsar el expediente.
Lo único que puede haber "salido a la luz" -las comillas son porque es algo de público conocimiento que ahora supuestamente adquiere alguna relevancia- es que el fiscal de la causa, Sebastián Gómez, fue propuesto por el diputado giojista Mario Herrero. No es una cuestión vinculante. Todos los sectores votaron por Gómez en la Cámara de Diputados.
Desde el entorno de Uñac y Andino, en cambio, la investigación es interpretada como una operación para desgastar políticamente a dirigentes del peronismo con proyección electoral hacia 2027. Esa lectura ganó fuerza después de que Andino quedara involucrado en la causa. El término lawfare, utilizado por sectores del PJ para cuestionar procesos judiciales que consideran políticamente motivados, forma parte de ese discurso, junto con el forum shopping.
Obviamente apareció una lectura sobre las relaciones políticas de los distintos sectores con la Justicia Federal. El peronismo ha mantenido históricamente canales de interlocución con el Poder Judicial de la Nación y se alude a la relación que Uñac tendría con el juez federal Ariel Lijo y con el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
