El estudio analizó bienes, ingresos, deudas, gastos y operaciones con criptomonedas del exjefe de Gabinete y su esposa. Todavía no determinó un desbalance concreto.
La Justicia analiza la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su esposa desde diciembre de 2023.
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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni ingresó en una etapa clave. Un organismo especializado de la Procuración entregó un informe que detectó inconsistencias en la evolución económica del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. Ahora, la Fiscalía deberá determinar cuáles son los movimientos que necesitan ser explicados.
El documento fue elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, conocida como DAFI. Ese organismo brinda asistencia técnica, económica y contable a los fiscales en causas complejas.
La DAFI reconstruyó la situación patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. El análisis fue realizado de forma individual y también de manera conjunta, para determinar cómo evolucionaron las cuentas del grupo familiar.
Los primeros resultados pueden resumirse en estos puntos:
Esto significa que el informe técnico no determina por sí mismo que se haya cometido un delito. Su función es ordenar la información económica reunida y señalar qué ingresos, gastos o variaciones no coinciden plenamente con los registros disponibles.
Para reconstruir el movimiento del dinero, los especialistas cruzaron datos bancarios, fiscales, patrimoniales y financieros. Entre los principales aspectos analizados se encuentran:
En el caso de los criptoactivos, se examinó información vinculada con plataformas como Binance y Lemon Cash. La Fiscalía buscó diferenciar depósitos, compras, ventas, retiros y transferencias para verificar si esos movimientos coinciden con las explicaciones y declaraciones presentadas por Adorni.
El expediente se encuentra bajo la intervención del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. La investigación avanzó durante los últimos meses mediante distintas medidas:
La declaración jurada de 2025 consignó un patrimonio bruto de $944,5 millones, frente a los $107,8 millones informados al cierre de 2024. La variación fue cercana al 775%, aunque ese aumento declarado no constituye por sí solo una prueba de enriquecimiento ilícito: la Justicia debe determinar si cuenta con respaldo suficiente.
Adorni sostuvo que una parte importante de su patrimonio proviene de ahorros acumulados antes de ingresar a la función pública y de inversiones en Bitcoin realizadas junto con su esposa.
Según su versión:
El punto central para la Fiscalía será comprobar si existen registros históricos suficientes para respaldar esas inversiones, las ganancias mencionadas y la disponibilidad posterior del dinero utilizado.
Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete a fines de junio, pero su salida del Gobierno no modifica el avance del expediente, que continúa en etapa de investigación.
La causa atravesará varias instancias antes de llegar a una posible definición:
El inicio de la feria judicial de invierno, previsto para el 20 de julio, podría demorar nuevos movimientos durante alrededor de dos semanas. Hasta el momento, Adorni no fue condenado y el informe tampoco fijó una suma definitiva de patrimonio presuntamente injustificado.
