El corte de suministro de gas que realizó la distribuidora Ecogas a 108 de los 120 departamentos que conforman el Barrio Clemente Sarmiento, ubicado en Chile y Rioja, tuvo ayer numerosas repercusiones. Desde la empresa que tomó la medida, sostuvieron que realizaron el procedimiento que corresponde y así lo ratificaron en un informe solicitado por los diputados nacionales Walberto Allende, Graciela Caselles y María Florencia Peñaloza.

Según el informe, la distribuidora recibió un mail con la denuncia de la Asociación Civil de Instalaciones Gasistas y Sanitaristas (Acigas), que indicaba irregularidades en el barrio capitalino como instalaciones fuera de norma, vecinos que se quejan por el olor a gas y pérdidas en instalaciones. Ese mail también fue dirigido a la delegación local de Enargas, el ente nacional que regula el sector, quien a su vez realizó el reclamo ENRG 189/18 a la distribuidora "tomar medida de asistencia inmediata, con el fin de verificar lo denunciado por los matriculados, y constatar que las instalaciones se encuentran bajo seguridad".

El martes, cuando personal de la distribuidora inspeccionó el barrio, encontró deficiencias en las instalaciones que datan de hace 35 años, detalladas en el informe: fugas de gas en espacios comunes y también en gabinetes de regulación y medición, instalaciones no acordes a la normativa vigente, falta de mantenimiento y precariedad de las instalaciones en general, cañerías corroídas y presencia de material combustible, entre otros.

El potencial peligro que representa la fuga de gas llevó a los operarios a cortar el suministro y a retirar los medidores. Ahí comenzó el cruce con los habitantes del barrio que se veían sorprendidos por la medida. Incluso intervino en el tema el Defensor del Pueblo, Julio Orihuela, y así fue que solamente retiraron los medidores a 12 departamentos y el corte de suministro no se concretó en otros 12.

Tanto Ecogas como Enargas aseguran que actuaron como indica el procedimiento, en el que se prioriza la seguridad. Y al argumentar, evocan la tragedia del 6 de agosto de 2013 en Rosario, la explosión en un complejo habitacional que costó la vida a 22 personas y otras 60 resultaron heridas.

Entre los vecinos que se mostraron contrarios a la medida, consideran al factor económico también como relevante.

Es que para recuperar el suministro, todos tendrán que contratar a un gasista matriculado y de ahí nació la sospecha de la razón de la denuncia. Este aspecto de la situación sigue siendo investigado por la Defensoría del Pueblo, que ayer también solicitó un informe a la distribuidora. Hoy, con el material ya recibido, el personal técnico analizará la situación.

El diputado Allende afirmó que hoy se realizará un reunión entre 2 funcionarios de Enargas, representantes de Ecogas, 10 vecinos del barrio afectado y funcionarios del Ministerio de Infraestructura, justamente en la sala del ministro, Julio Ortiz Andino. Una solución que podría surgir es que matriculados que trabajan para el Estado oficien de peritos o realicen las presentaciones para que la distribuidora restablezca el servicio.

Por lo pronto, el usuario que hoy quisiera recuperar el suministro, deberá contratar a uno de los 200 gasistas matriculados en la distribuidora, quien definirá las tareas a realizar, para presentar el trámite en la distribuidora.

A partir de ahí, a los 4 días a más tardar debe reconectarse si se aprueba en la inspección.

Barrio Aramburu

El inconveniente que se originó en el Barrio Clemente Sarmiento debido a instalaciones en la distribución de gas en barrios compuestos por departamentos, que datan de décadas sin mantenimiento tiene antecedentes, entre los cuales hay uno vigente.

Un sector de departamentos del Barrio Aramburu, ubicado en calle Cipolletti, no tiene gas desde hace 4 meses. La denuncia de un vecino de sospecha de fuga de gas fue inspeccionada por personal de la distribuidora y al corroborar el peligro, interrumpió el servicio, afectando a una veintena de viviendas.

Uno de los damnificados aseguró que fueron consultados dos gasistas, quienes aseguraron que la reparación corresponde a la distribuidora, que a su vez dice lo contrario.

La respuesta sobre facturas estimadas

A raíz de la multa millonaria de $14 millones que Enargas le aplicó por cobrar facturas con consumos estimados en San Juan y Mendoza, y donde además la obliga a devolver los importes mal cobrados a los usuarios, más intereses y una indemnización, ayer la distribuidora Ecogas emitió un comunicado donde sostiene que no ha incurrido ""en incumplimiento" del marco regulatorio y agrega que se están evaluando las acciones legales a seguir ""que mejor hagan a la posición de la Distribuidora". Además dijo que las facturas que fueron emitidas como "Estimadas" ya han sido compensadas a los usuarios, o lo serán con la factura inmediata posterior que se registre con el consumo real. Pese a la consulta, la empresa no informó nada respecto a la orden de devolver los intereses y una indemnización a los usuarios. En San Juan se estima que fueron unos 5.000 los usuarios que recibieron facturas con consumos estimados.