El menor de 16 años que de milagro salió con vida de un pozo de 80 metros tras un espectacular operativo de rescate ya obtuvo el alta médica. Y si bien lo investigan por robo hay una urgencia en la Justicia y es abordar su situación personal y social debido a una fuerte presunción: en declaraciones informales de su madre reveló que el chico aparentemente tiene problemas de consumo y trastornos de conducta. Así, de comprobarse esta circunstancia, entonces la primera medida que tomará el Primer Juzgado de Penal de la Niñez y Adolescencia será derivarlo al área de Adicciones para un tratamiento, aseguraron fuentes calificadas. En paralelo avanzará la causa penal, pero por la edad del joven la prioridad es generarle medidas reconstitutivas de sus derechos.

A principios de mes hubo conmoción con este caso. Todo comenzó cuando el casero de una finca denunció que una persona había caído a un pozo de agua, de 80 metros de profundidad. Según la investigación policial, este joven había estado robando cables junto a otros delincuentes cuando se cortó la soga que lo sostenía. Para rescatarlo se montó un gran operativo y luego de tres horas, un efectivo de Bomberos logró sacarlo con vida.

El joven sufrió algunas lesiones y por eso estuvo internado unas semanas en el hospital Marcial Quiroga, hasta que hace unos días obtuvo el alta. En la causa intervino el Juzgado de Penal de la Niñez y Adolescencia a cargo de Jorge Toro, quien la semana que viene se entrevistará tanto con el menor de edad como con su madre. Previamente, Toro ordenará la intervención de un gabinete de especialistas que no sólo determinará si el joven está en condiciones de entender el proceso sino de analizar su situación personal, social, familiar y comunitaria. Este será un paso clave frente a una presunción que de momento se encuentra en el plano de la informalidad jurídica. Es que en medio de su angustia, la madre les advirtió a las autoridades que su hijo tiene problemas de consumo y que aparentemente delinque para sostener su adicción, pese a tener 16 años.

Peligroso. El menor de edad arriesgó su vida al querer cortar lo más abajo posible el cable. Sus cómplices se llevaron lo robado y a él lo dejaron.

Si efectivamente los especialistas determinan esta problemática, entonces Toro le dará paso a la Dirección de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano para que evalúe el caso y determine el tratamiento más adecuado. Entre las opciones, el juez podrá ordenar una internación en la comunidad Proyecto Juan y eventualmente, si el consumo es muy grave, derivarlo a la Casa del Sur, en Buenos Aires, que tiene un régimen más cerrado y con mayores medidas de seguridad para evitar fugas.

Esta circunstancia no implicará que se cierre la causa por robo, pero por la edad del menor la urgencia ahora pasa por el abordaje social. Es que más allá de las medidas que el juez ordene desde lo penal, la mirada estará puesta en la reconstitución de sus derechos, como el de la salud y la educación.

De hecho, incluso si hubiera responsabilidad en el delito, si este menor a lo largo de un año cumple con las medidas socio-educativas que eventualmente pueda determinar el juez (por ejemplo, ir a la escuela, no delinquir, mostrar comportamiento responsable) no recibirá un castigo penal, explicaron.

Consumo problemático

De acuerdo a datos oficiales, la mayor parte de los chicos que toman contacto con el sistema penal tuvieron experiencias de consumo y una parte importante de ellos atraviesa situaciones de consumo problemático. Hace un tiempo, por ejemplo, desde el Poder Judicial indicaron que el 80% de los menores penalmente responsables (en la franja de los 16 y 17 años) y que habían cometido delitos presentaban indicadores de consumo problemático.