En Salud Pública querían sacarse una duda y por eso tomaron 340 casos al azar de licencias por enfermedad psiquiátrica de empleados estatales. Y detectaron que el 40 por ciento no compró con la Obra Social Provincia la medicación específica para tratar la supuesta enfermedad, una situación que a las autoridades de control les siembra la sospecha de irregularidades en los pedidos de licencia para ausentarse del trabajo. Además, de esos expedientes analizados, descubrieron que entre sólo cuatro médicos expidieron 120 certificados, otra circunstancia que como mínimo genera suspicacia entre los auditores.

El dato de que casi la mitad de esos partes médicos de empleados estatales (entre los que se incluye de reparticiones varias y de maestros con pedido de docencia pasiva) supuestamente no adquirió medicación para tratarse surgió al cruzar las estadísticas de farmacia de la obra social. "Tomamos los expedientes con pedido de licencia por enfermedades psiquiátricas y los cruzamos con la información de compra de medicamentos. Y descubrimos que en el 40% de los casos, los supuestos enfermos nunca compraron medicación específica para tratarse, pese a que suponemos por sentido común que el médico recetó algo para solucionar la patología. Entonces, si la persona que pide días por problemas de salud no compra los remedios para mejorarse, es lógico sospechar entonces que no está tan enferma", dijo irónico el ministro de Salud Oscar Balverdi, quien aclaró que no cree que los 136 tratamientos sean costeados en forma privada por los enfermos, ya que la medicación psiquiátrica es muy costosa y a la vez tiene cobertura de la obra social.

Aunque Balverdi dijo no manejar cifras, aseguró que la mayor cantidad de licencias médicas de estatales son por enfermedades psiquiátricas, ya que "es una rama de la medicina muy subjetiva, en la que los profesionales nos llevamos mucho por lo que dice el paciente, como si está deprimido o tiene ataques de pánico, por ejemplo. Entonces, suponemos que hay empleados pícaros que se agarran de eso para no trabajar", explicó el ministro.

Lo que hará Salud Pública a partir de ahora es comenzar a realizar el cruzamiento con la obra social en todos las licencias, mientras que en los 136 casos detectados hasta ahora, las personas deberán explicar ante la Junta Médica por qué supuestamente no compraron medicación para tratarse. "Sancionar por simular una enfermedad es complicado porque es muy difícil de comprobar, más aún en los casos psiquiátricos. Pero con este cruzamiento tenemos una nueva herramienta de control, que nos puede permitir no extender más la licencia si el empleado no puede justificar por qué no compró los remedios", agregó Balverdi, quien de todas formas aclaró que no hay antecedentes de quita de licencia por esta causa ya que nunca antes hicieron dicho cruzamiento de datos.

Médicos en la mira

Salud Pública no sólo sospecha de los empleados estatales, sino que también puso el ojo en los médicos. "Hay un dato particular en estos 340 casos y es que entre cuatro médicos hay un total de 120 certificados firmados por ellos pidiendo licencia para diferentes personas. Es una cifra que nos prende la luz de alerta y que nos obligará, por lo menos, a ver qué está pasando en los consultorios de esos cuatro profesionales", dijo Balverdi, quien no dio a conocer el nombre de esos médicos. La sospecha, según altas fuentes, es que podrían cobrar para dar certificados de licencia. Pero como es de improbable comprobación, en Salud Pública tienen un mecanismo de amenaza ante estos casos: rescindir el contrato de la obra social con el médico. Y esto significa sacarlos del padrón de prestadores de la obra social más grande de San Juan, con 136.000 afiliados.