Las áreas mineras concedidas a operadores mineros que se encuentran sin actividad, que no migren a contratos, no se registren y no presenten planes de adecuación e implementación, serán revertidas como reserva fiscal del Estado de Bolivia, la misma que estará custodiada por una ley.
El ministro de Minería, Mario Virreira, explicó que el primer paso ya se dio en la Cámara de Diputados, que viabilizó el sábado pasado la medida legal y que ahora debe refrendarla el Senado.
Entre otro elemento importante de la norma, según el titular de Minería, es que establece como delito penal el avasallamiento (apropiación ilegal), el cual no será reconocido para su explotación.
La figura de avasallamiento está tipificada en una ley exclusiva para este tipo de tomas que establece hasta ocho años de presidio.
Virreira explicó que el objetivo de la propuesta es establecer mecanismos de control y fiscalización sobre actividades que desarrollan los titulares de derechos mineros, y establecer causales de caducidad aplicables a las autorizaciones transitorias especiales y causales de resolución de contratos mineros.
Además, dijo que el aún proyecto de ley instruye que debe existir un registro actualizado de los derechos mineros y un plan de implementación y desarrollo de actividades mineras.
Por su parte, el miembro de la Comisión de Economía Plural de Diputados, Jaime Medrano Veizaga, explicó los alcances de la ley denominada Control y Fiscalización de Áreas Mineras, que establece cuatro causales de rescisión de contratos; primero es la falta de un registro, pues debe hacerlo ante el Servicio de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin).
Una segunda causal es la ausencia de un plan implementación y adecuación. "La tercera causal de pérdida de derecho minero y rescisión de contrato es para aquellas concesiones que no tuvieran actividad minera (ociosas)", agregó.
Un cuarto motivo está determinado por la negativa a migrar a nuevos contratos.
Según la información del Ministerio de Minería, en Bolivia existen más de 7.000 concesiones y el Estado trabaja actualmente apenas el 4 por ciento de esta cantidad con las empresas Huanuni y Colquiri.
Según el diputado oficialista, la medida legal busca revertir un aproximado de 4.000 concesiones en primera instancia. "No podemos seguir permitiendo las irregularidades y privilegios de las concesiones", agregó.
Según el legislador oficialista, se está planteando un término perentorio de cuatro meses para que las empresas mineras presenten sus planes de adecuación y los nuevos contratos durarán cinco años.
"Entonces, los concesionarios deberán presentar después de los cinco años un nuevo plan de adecuación e implementación o, en su defecto, si ha incumplido ese plan, y si no cumple será motivo de caducidad", afirmó.
(Informe: Argenpress.com)