Es clave entender la diferencia entre el inversión pública y gasto público para poder hablar del rol del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA- en San Juan y el país.
Y es que por segundo año consecutivo el presente y futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se ve amenazado por el recorte del gasto público y la reasignación de sus recursos a otras áreas del estado nacional.
El INTA en el contexto del presupuesto nacional es una pequeña inversión de gran impacto en el crecimiento de la economía nacional al ser un ente estratégico fruto del pensamiento sistémico del recordado estadista y presidente de la nación doctor Arturo Frondizzi. Porque hasta la era Cavallo, al INTA se le asignaba el 2% del valor nominal de las exportaciones, que entonces se recortó al 0,46%. Como ahora.
Esta semana Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO dialogó con diferentes profesionales y directivos nacionales y provinciales de la institución, así como con el destacado periodista agrario Daniel Valerio, director de Pool de periodistas y ex editor de Clarín Rural y Súper Campo.
Entre otros conceptos destacamos al INTA como el motor tecnológico del campo argentino transfiriendo al sector privado aportes en nuevas tecnologías, extensión rural y nuevos desarrollos un monto estimado en los U$S 1.500 millones anuales.
Por esto es que muchas entidades rurales también reclamaron sobre los nuevos números. El INTA en el 2019 debería recibir unos $13.500 millones para funcionar correctamente y en el actual marco de ajuste, sólo recibirá unos $7.916 millones.
El aumento presupuestario es del 14 al 18%, pero considerando la actualidad inflacionaria en costos energéticos, combustibles y salarios, este porcentaje es una reducción real de los aportes, que incluso ya en el ciclo 17-18, fue de unos $2.500 menos para la operación de 56 estaciones experimentales, a través de los cuales maneja 250 centros en el país.
Por ende, sin contar los $400 millones adicionales para gastos operativos, el INTA enfrenta recortes entre otros ítems del 19% para bienes de consumo en investigación y desarrollo de sus laboratorios, 49% en bienes de uso como equipamiento y funcionamiento y 25% en transferencia tecnológica.
Sólo en San Juan tiene 110 empleados y asociados al INTA hay más de 10 investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de San Juan.
Es claro entonces que la política nacional nos indica la sustitución de los desarrollos tecnológicos nacionales por los externos y la consecuente dependencia internacional.