La controversia por la instalación de una planta de uranio que se propone construir a 16 kilómetros de la ciudad de Formosa, en la frontera con Paraguay, generó una fuerte polémica no sólo en la provincia, sino también en el país vecino, relacionada con el temor a la contaminación y a un potencial conflicto bilateral.
El martes pasado se realizó una audiencia pública no vinculante donde se presentaron estudios de impacto ambiental realizados por la firma Dioxitek, responsable de la propuesta, y en la que participaron alrededor de 400 personas y más de 40 expositores.
El gobierno de Formosa defendió el proyecto, mientras que representantes de organismos ambientales, legisladores de la oposición, vecinos y funcionarios paraguayos consideraron el estudio ambiental incompleto y pidieron realizar una consulta popular. El subsecretario de Ambiente, Hugo Bay, quien dirigió la audiencia, explicó que el proyecto aún deberá ser aceptado o rechazado en instancias legislativas.
Quienes defienden el proyecto aducen las “ventajas estratégicas que tendrá Formosa al contar con una planta de este tipo, con posibilidades de apostar a la energía nuclear”. Además, consideran que los que están en contra lo hacen desde “el desconocimiento”.
Sin embargo, la polémica ya lleva varios meses. Hace dos semanas, tres senadores de Paraguay visitaron el país para entrevistarse con sus pares de la Argentina, entre ellos Luis Naidenoff (UCR). Expresaron su preocupación ante la falta de información sobre el proyecto y la poca cooperación de la Cancillería. “El Senado paraguayo hizo una audiencia pública a fines de mayo para expresar su preocupación por una planta procesadora [de Dioxitek] que fue clausurada en Córdoba”, explicó Naidenoff a La Nación en esa ocasión. Además, el senador radical indicó que los senadores paraguayos presentaron la disposición N° 20 “en nombre de los 45 senadores votada por unanimidad donde instan a no instalar la planta en el límite con la República de Paraguay”. Naidenoff agregó que Dioxitek fue clausurada en Córdoba por una denuncia de la Comisión de Energía Nuclear. A partir de entonces han intentado instalarla en otras ciudades y todas se han negado, incluso San Rafael, en Mendoza.