La caución para remediar eventuales daños ambientales que puedan producir compañías mineras en plena explotación, establecido por la ley 25.675, ya funciona en San Juan. Luego de recibir una carta de la Secretaría de Minería de la Nación, algunas empresas, tanto de la mega como de la pequeña y mediana industria minera, debieron contratar el seguro con una de las cuatro empresas aseguradoras habilitadas a nivel nacional. Sin embargo, más allá de que ya se encuentra vigente, se desconoce cuánto pagan dichas compañías anualmente en virtud del seguro ambiental. La información está en manos de las empresas mineras y de la autoridad de aplicación, en este caso, el Ministerio de Minería de San Juan. Pero el dato clave, que es en cuánto se valúa un eventual daño al medio ambiente (algún derrame tóxico, una deforestación, cualquier perjuicio de este tipo en general), es guardado con mucho celo por todas las partes involucradas.

Por lo pronto, un solo dato sale a la luz: según algunos brokers de seguros locales, que dieron su información off the record, se estima que el promedio que pagan las empresas de la mediana minería, como las caleras, por la caución medioambiental, es de 200.000 pesos por año.

Pero, consultadas las megacompañías mineras, no se dio a conocer en cuánto se valúa el riesgo en este tipo de actividad, totalmente afianzada en la provincia. Desde Barrick, a cargo de Veladero, y Minas Argentinas, a cargo de Gualcamayo, dijeron que necesitaban autorización de sus superiores para comunicar la información requerida. Recomendaron a su vez a las compañías aseguradoras como fuentes. Pero estas alegaron no poder brindar la información debido a que necesitan la autorización de la compañía contratante, es decir, la parte previamente consultada. CUYO MINERO recurrió también a las autoridades nacionales, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), la cual derivó inmediatamente al Ministerio de Minería de San Juan, la autoridad de aplicación. Pero desde esta repartición finalmente dijeron que no podían brindar la información sobre los montos de la caución que pagan las grandes compañías mineras de la provincia porque “las condiciones particulares de estas contrataciones se circunscriben a los acuerdos que alcancen las empresas mineras con las compañías aseguradoras de plaza que elijan para tal efecto. En consecuencia los montos de dichos seguros de caución son datos privativos de las empresas involucradas y corresponden a ellas determinar su publicación”. Nuevamente consultadas las empresas mineras, reiteraron su negativa ante la intención de informar cuánto pagan anualmente por la caución obligatoria ante eventuales daños ambientales. Mientras que la empresa Troy Resources, a cargo del proyecto Casposo, comunicó que su caución se encuentra en trámite y todavía no saben cuál es el monto que deberá abonar, según palabras de su gerente Eduardo Machuca.

Por otro lado, Guillermo Lozada, especialista en caución de Meglioli Broker de Seguros, hizo su propio análisis. “Esta caución no es muy bien vista por el sector minero, más allá de que se aplica a todas las industrias. Porque se paga un seguro, que no exime de responsabilidad alguna y sólo es una forma que tiene el Estado para administrar un bien común como el medio ambiente”, dijo. Y concluyó que “hasta ahora las empresas que se han visto obligadas a contratar la caución han sido empresas mineras en explotación, pero han comenzado a llegar algunas notificaciones a empresas prestadoras de servicios. Por el riesgo ambiental que implica su trabajo deben también someterse a la evaluación para saber si corresponde que paguen la caución o no. Sin embargo, hay que ver cuál es la tendencia que sigue el Estado a partir de ahora”.