Casi 90 organizaciones feministas de 17 países se han sumado al movimiento con el que la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (Recav), que pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los gobiernos de todo el mundo que prohíban la gestación subrogada.

En total, 89 organizaciones internacionales se sumaron a las 134 españolas que ya exigieron el fin de esta práctica que supone, en palabras de Recav, "una grave violación de los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y los menores, una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial".

En Argentina la gestación subrogada, coloquialmente conocida como "vientres de alquiler", no está regulada, por lo que algunas personas recurren a esta práctica en el exterior.

En pocos días se han adherido a la petición de Recav organizaciones de Francia, Argentina, Reino Unido, Suecia, México, Italia, Australia, Estados Unidos, India, Bélgica, Alemania, Holanda, Canadá, Tailandia, Camboya, Perú y República Dominicana.

"Pedimos a todos los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la 73 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas -que se celebra esta semana- que se pronuncien públicamente a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la infancia y por la prohibición global del alquiler de vientres", indican las organizaciones en un comunicado.

A juicio de Recav, la ONU y dos de sus agencias -el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos- están intentando "influir en gobiernos de todo el mundo, especialmente de países en desarrollo, para la legalización del alquiler de vientres".

Las organizaciones firmantes quieren que los gobiernos impulsen las medidas necesarias para perseguir e impedir la gestación subrogada a nivel nacional e internacional, así como que ilegalicen las agencias, clínicas y todos los negocios de la industria del alquiler de vientres.