El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió ayer la acusación por el fallido acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino, relacionada con la familia Macri, y apuntó contra el actual Presidente de la Nación por haber intervenido en un proceso en que le estaba vedado por un ‘conflicto de interés‘.
El dictamen explica que el Estado y la empresa habían arribado a un acuerdo que, según la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín, representaba un multimillonario perjuicio para el erario. Ese acuerdo fue dejado sin efecto y, según se desprende del dictamen, quien dio la orden para ello habría sido el Presidente.
‘Al retractarse de la aceptación a la propuesta concordataria, el representante del Estado refirió estar siguiendo expresas instrucciones del Presidente la Nación.
Lo dicho denota una vez más un elemento a investigar en la presente, ya que quien da las instrucciones se encuentra incurso en incompatibilidades por conflicto de interés‘, resumió el fiscal Zoni. La normativa vigente le impedía al funcionario público actuar en cualquier sentido en la presente causa judicial. Quien se encuentra incurso en una situación de conflicto de interés está impedido de tomar cualquier decisión, dado que podría aun indirectamente beneficiarse‘, explica el dictamen.
Macri, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y su director de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa, ya estaban imputados, pero ahora se agregan ‘los directivos de las firmas Correo Argentino SA, Socma SA y Simeco SA, a los Síndicos intervinientes en el concurso de Correo Argentina SA y la jueza a cargo del proceso, Marta Cirulli‘. El dictamen, presentado ante el juez federal Ariel Lijo, denuncia ‘un posible vaciamiento de la concursada a favor de sus empresas controlantes en perjuicio de los acreedores‘, en un contexto de presunto ‘fraude concursal‘.