Antes que la Corte trate el reajuste a jubilados, famosos se manifiestan contra ANSES

Este 18 de diciembre  La Corte  Suprema de Justicia hará pública una decisión que tiene en vilo al Gobierno. Se trata del caso Blanco, por el cual el máximo tribunal definirá qué índice debe utilizarse para calcular las sentencias y retroactivos jubilatorios. Un revés para el Ejecutivo podría significar un incremento en los montos de este tipo de juicios.  En  las últimas horas se viralizó un video en el que cientos de famosos se manifiestan bajo el pedido #ConLosJubiladosNo.

Desde que el video comenzó a circular sumó miles de reproducciones y rápidamente fue pasado de celular en celular.

De qué se trata

El caso Blanco puede llegar a significar un cambio en el índice utilizado por el Anses para calcular los haberes iniciales, y que por ley es el mismo que se utiliza para los retroactivos y sentencias de juicios jubilatorios.

El juicio fue iniciado por un jubilado llamado Luis Orlando Blanco. Blanco se jubiló en 2003, hizo un juicio por actualización de haberes, lo ganó pero al momento del cobro (después de 2016) Anses había modificado el índice para realizar esa actualización.

Hasta 2016, los fallos judiciales a favor de los jubilados se actualizaban con el Isbic, o Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción. La ley de Reparación dispuso que, para calcular los haberes de los jubilados se recurriría al Ritpe, sigla de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, que comprende también a los empleados públicos y del comercio.

El problema es que ese cambio de índice significa una diferencia en el cálculo de la sentencia de entre 30 y 50 por ciento, según la Defensoría de la Tercera Edad. En el caso Blanco, en particular, el uso del índice Ripte disminuye en 31% el monto de su juicio.

La onda expansiva de una fallo favorable a Blanco y desfavorable al Gobierno podría ser amplia. Se cree que existen unos 150 000 juicios en condiciones de seguir el camino judicial que inició Blanco, lo que significaría un incremento en la deuda por sentencias jubilatorias que tendría el Estado, de entre 15 000 y 18 000 millones de pesos por año, más unos $1400 millones mensuales para los haberes reajustados, según proyecciones privadas.