Finalmente Argentina entró ayer al selecto club de 66 países que permiten el aborto legal, después de 12 horas de debate en el Senado que culminó convirtiendo en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en una sesión histórica que fue seguida por miles de manifestantes y colectivos de mujeres de todo el país.

Hasta ahora, en América latina, sólo Cuba, Uruguay, Guyana, Puerto Rico, además de Ciudad de México y el estado mexicano de Oaxaca, tenían permitida la interrupción voluntaria del embarazo.

Con los apoyos de senadores oficialistas y opositores, el proyecto sobre el aborto se transformó en ley en una votación crucial que deja al Gobierno con una de sus promesas de campaña saldadas en el cierre de su primer año de gestión y una victoria legislativa de cara al ciclo electoral que se avecina.

El "sí" al aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación para mujeres mayores de 16 años, o menores de 13 con el consentimiento de sus padres, se impuso por 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención, tras un acuerdo alcanzado con algunos senadores indefinidos para retoques en el texto al momento de la promulgación, en una sesión que comenzó el martes y se extendió durante 12 horas. Así, la Cámara tradicionalmente más conservadora del Congreso, que frenó hace dos años la misma iniciativa por 38 votos contra 31, logró esta vez darle luz verde a una ley que prioriza el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo por sobre las objeciones basadas en los preceptos constitucionales de defensa de la vida desde la concepción.

El suspenso sobre el resultado se mantuvo en el Senado hasta el último minuto y la opción por el "sí" al aborto se definió finalmente con el anuncio del oficialismo de que se vetaría parcialmente un artículo cuya interpretación sobre la alternativa del aborto después de la semana 14 de gestación era muy amplio.

El respaldo de los senadores del Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, y los del Frente de Todos Eduardo Kueider y Sergio Leavy, así como el de la neuquina opositora Lucila Crexell, fue decisivo para consolidar el aval a la propuesta del Gobierno.

La única senadora que cambió el voto de 2018 de negativo a positivo, fue la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT).

La nueva ley de aborto, llevada al Congreso por el Gobierno de Alberto Fernández en línea con una de sus promesas de campaña, deja atrás una legislación de 99 años que castigaba con cuatro años de cárcel a las mujeres que abortaban y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante. Ahora, con la flamante normativa lograda tras al menos seis envíos fallidos de proyectos de ley similares en los últimos 15 años, las mujeres podrán interrumpir un embarazo sin temor de ir a prisión hasta la semana 14 y el sistema de salud público deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.

Pocas leyes como esta -con excepción de la referida a la resolución 125 de retenciones para el campo, en 2008- llegaron al recinto con un resultado tan incierto y una paridad tal que hasta se especuló con que la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, podría llegar a tener que desempatar.

La transversalidad de la medida, que atravesó a las dos principales fuerzas políticas del país pero en general a toda la sociedad, transformó a esta norma en una de las pocas que logró trascender la llamada "grieta" que divide a los argentinos.

Tanto en el debate de 2018 como en el de este año, legisladores del Frente de Todos festejando con sus acérrimos rivales de Juntos por el Cambio y, al mismo tiempo, los detractores del aborto, de bancadas opuestas, aunando esfuerzos para frenar la ley, fueron el rasgo atípico que marcó la discusión sobre el aborto desde sus comienzos.

La posición de Cristina Kirchner fue de decidida acción en pos de facilitar el debate en la Cámara que preside, tanto en comisiones como en el recinto y, al mismo tiempo, dar libertad de acción a sus legisladores al punto de que su propio jefe de bloque bregó por el "no".

El líder de la coalición opositora, Mauricio Macri, promovió el debate en 2018 pese a estar en contra pero se mantuvo esta vez al margen de la discusión, en sintonía con el argumento de los "celestes" que aseguraban que era inoportuno este debate en medio de la pandemia de coronavirus. Al igual que durante la sesión de la Cámara de Diputados, que votó a favor por 131 contra 117, la sesión del Senado fue seguida desde los palcos por diversas personalidades de la política y del gabinete encabezados por el ministro de Salud, Ginés González García.

El no, mayoría de JxC

Entre los partidarios del "no", la mayoría fueron de Juntos por el Cambio. De los 29 votos en contra, 17 fueron de opositores y 16 del FdT, mientras que entre los denominados "verdes" 26 fueron del FdT y sólo 11 de JxC. El que votó en forma negativa en 2018 y cambió su voto al abstenerse fue el jujeño Guillermo Snopek.

La suerte echada

La intervención del papa Francisco, en la previa de la sesión, con un tuit en favor de "las dos vidas", y la apelación a la inconstitucionalidad de algunos senadores, no logró consolidar el voto de los detractores de la legalización. Antes de la votacion ya habían anunciado que llevarían su demanda a la Justicia.

Hubo 7 votos clave

Entre las claves del triunfo del sí se encuentra la modificación del voto de 7 senadores que habían votado en forma negativa, se abstuvieron o estuvieron

ausentes en 2018 y ahora votaron a favor, se abstuvieron o no participaron de la sesión. Carlos Menem y José Alperovich, partidarios del no participaron.

"Ahondará la grieta", el lamento de la Iglesia

Unas horas después de que Argentina legalizara el aborto hasta la semana 14 de gestación, la Iglesia Católica argentina dijo que "continuará trabajando con firmeza y pasión en el cuidado y el servicio a la vida" y advirtió que la ley ahondará "aún más" las divisiones en el país.

"La Iglesia en la Argentina quiere ratificar junto a hermanos y hermanas de distintos credos y también a muchos no creyentes, que continuará trabajando con firmeza y pasión en el cuidado y el servicio a la vida", señala un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina. "Esta ley que ha sido votada ahondará aún más las divisiones en nuestro país. Lamentamos profundamente la lejanía de parte de la dirigencia del sentir del pueblo, el cual se ha expresado de diversas maneras a favor de la vida a lo largo y a lo ancho de muestra Patria", advirtió la misiva firmada por monseñor Oscar Ojea, cardenal Mario Poli, monseñor Marcelo Colombo y monseñor Carlos Malfa.

Los ejes claves que dan fuerza a la ley de IVE

Legal y gratuito hasta la semana 14. Esta ley otorga a "las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar" el derecho a decidir la interrupción del embarazo y acceder al aborto y la atención posterior en el sistema de salud hasta la semana 14 (inclusive) de gestación. A partir de la semana 14 sólo se podrá hacer en los dos supuestos contemplados antes de la aprobación de esta ley: riesgo para la salud de la madre o violación. El aborto se deberá realizar en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento, y será siempre gratuito, al igual que las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

Consentimiento. El aborto se hará siempre con el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito, y nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho. La persona se considera con plena capacidad para prestar su consentimiento a partir de los 16 años, mientras que las menores de 13 años deberán presentar su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. Aquellas personas con edades comprendidas ente los 13 y los 16 años deberán dar consentimiento con la asistencia de sus padres o tutores si el procedimiento se hace de forma invasiva, y no mediante un medicamento, de forma que quede comprometida su salud.

Objeción de conciencia. Esta ley ofrece una serie de derechos para las personas gestantes y también para el personal sanitario, que puede acogerse a la objeción de conciencia si lo desea y reúne una serie de condiciones.

En primer lugar, si un profesional quiere materializar este derecho tiene que "mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión", y "derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones".

Asimismo debe "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica" y "cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas". Pero el personal de salud no podrá negarse a la realización del aborto en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.