El Gobierno nacional analiza la posibilidad de blindar el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) mediante un proyecto de ley. El objetivo principal de la iniciativa es resguardar la autonomía del organismo y evitar que se repitan maniobras de manipulación de datos públicos, un fantasma que afectó la credibilidad institucional del país en periodos anteriores.
La información fue confirmada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual rueda de prensa en Casa Rosada. El portavoz detalló que la iniciativa surge de una propuesta del diputado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Santurio.
"Santurio hizo una propuesta de blindar al INDEC para evitar la manipulación, y el Presidente la celebró", señaló Ravier ante los periodistas acreditados. Sin embargo, el funcionario aclaró que por el momento se trata de "una idea" que requiere mayor análisis y maduración antes de transformarse en un proyecto formal.
Reforma del Banco Central y el debate por el "shutdown"
Durante la misma conferencia, el portavoz presidencial se refirió a otros temas clave de la agenda económica y legislativa oficial:
Reforma del Banco Central (BCRA): Ravier explicó que el diseño final de la reforma está bajo la coordinación directa del presidente de la entidad, Santiago Bausili. "Está definiendo los detalles", aseguró, por lo que el proyecto definitivo aún no ha sido cerrado. Tampoco se ha establecido una fecha para su envío al Congreso ni se definió si la cámara de origen para su debate será Diputados o el Senado.
La alternativa del "shutdown" estatal: Al ser consultado sobre la posibilidad de aplicar un cese o "cierre" de la administración pública al estilo estadounidense, el vocero reconoció que la propuesta genera lógicas dudas en la opinión pública. No obstante, buscó llevar tranquilidad al aclarar que se trata de una medida que "no interrumpe los servicios esenciales" y que solo afectaría al resto de las actividades administrativas no prioritarias del Estado.
La eventual decisión de blindar el INDEC por ley marcaría un paso significativo en la búsqueda de dotar de mayor seguridad jurídica y transparencia a las estadísticas oficiales de la Argentina, un elemento clave para la previsibilidad macroeconómica que persigue la gestión actual.