La ex mandataria iba a cobrar más de 15 millones de pesos desde agosto por una cautelar. Sin embargo, el gobierno le aplicará dos descuentos económicos.
Cristina Kirchner
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El gobierno nacional resolvió aplicar dos importantes descuentos sobre la asignación mensual que percibirá la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. La medida se conoció luego de que la ANSES comunicara que acatará provisionalmente un fallo judicial que restablece sus beneficios previsional, fijados en un bruto de 15.683.154,06 pesos a partir de agosto.
A pesar de verse obligado a cumplir con la medida cautelar que devolvió temporalmente este ingreso a la exjefa de Estado, el Ejecutivo nacional contraatacó por la vía administrativa y económica. Los haberes de la ex mandataria habían sido suspendidos originalmente en noviembre de 2024, tras confirmarse su condena en la causa Vialidad.
El primer recorte dispuesto por la gestión central apunta directamente al adicional por zona austral. Desde la Casa Rosada argumentaron que este beneficio no corresponde ser abonado debido a que Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo el régimen de prisión domiciliaria en la Capital Federal, perdiendo el arraigo geográfico exigido para dicho plus.
El segundo descuento será de carácter resarcitorio. La ANSES retendrá una suma mensual de 3.136.630,81 pesos hasta cubrir un total de 660.052.338,87 pesos. Esta millonaria cifra es el monto que el Estado nacional considera que la ex Presidenta percibió "indebidamente" durante los años en que se mantuvieron activos ambos beneficios en simultáneo.
Cabe recordar que, hasta finales de 2024, la ex vicepresidenta gozaba de dos asignaciones de privilegio bajo el amparo de la Ley 24.018: su propia jubilación como ex jefa de Estado y la pensión derivada de su fallecido esposo, el ex presidente Néstor Kirchner.
Desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que el acatamiento de la cautelar es meramente provisorio. El organismo previsional ratificó que continúa firme el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir de forma definitiva la restitución de los haberes.
Las autoridades nacionales sostienen que Cristina Kirchner no debe ser beneficiaria de un régimen de privilegio, argumentando que la normativa vigente exige condiciones de "honor, mérito y buen desempeño en el cargo", requisitos que el Gobierno considera incompatibles con una condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
