En el primer juicio oral que enfrenta el exvicepresidente, la fiscal federal Stella Maris Scandura pidió ayer tres años de prisión en suspenso para Amado Boudou por irregularidades en la transferencia de un auto Honda.
En el juicio a Boudou por este tema, la fiscal entendió que el exvice de la Nación y exministro de Economía fue cómplice primario del delito de ‘falsedad ideológica‘. También pidió tres años de prisión en suspenso para la extitular del Registro Automotor 2, María Graciela Taboada de Piñero, el gestor Alberto Soto (e inhabilitación para ambos) y para Agustina Seguín, expareja de Boudou, mientras que solicitó la absolución del gestor Rodolfo Basiami y requirió el decomiso del auto. La decisión está en manos de los jueces del Tribunal Oral Federal 1, Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg, que el jueves escucharán los alegatos de la defensa y dictarían el veredicto el 1 de agosto.
‘No, gracias‘, dijo cabizbajo Boudou al salir de la sala de audiencias y cuando la agencia de noticias DyN le preguntó si podía responder sobre el relato de la fiscal durante cuatro horas antes de pedir su condena. En la ciudad de Buenos Aires, mientras Boudou escuchaba su acusación en un salón de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py 2002, en el segundo piso la Sala I de la Cámara Federal confirmaba -en fallo dividido- el procesamiento en su contra en la causa donde se lo investiga por la compra directa de una veintena de autos para el Ministerio de Economía cuando conducía esa cartera. Además Boudou será sometido a juicio oral por la causa del salvataje de la ex Ciccone Calcográfica y se lo investiga por enriquecimiento ilícito.
En agosto del año pasado, Boudou declaró como imputado y justificó la compra de coches asegurando que ‘resultó claramente conveniente‘ y que ‘eran necesarios para el ámbito del Ministerio de Economía y distintas áreas del Poder Ejecutivo‘.
La Justicia investiga la supuesta falsificación de un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) hecha para justificar la compra de los vehículos en 2009, cuando ese órgano era encabezado por Daniel Reposo, otro de los procesados.
La compra de los autos, según la investigación de la Justicia, se hizo mediante una subasta privada.
Fuente: DyN