Este miércoles, el Gobierno derogó el decreto que había firmado Alberto Fernández a horas de finalizar su mandato y que le concedía tanto a él como a sus familiares una custodia a cargo del Estado de por vida, incluso fuera del país.
“¡Se terminan los privilegios de la clase política!”, manifestó Patricia Bullrich, firmante de la nueva medida, a través de sus redes sociales.
La ministra de Seguridad, en el tono de ajuste que viene implementando la administración a cargo de Javier Milei, agregó: “Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos”.
El nuevo decreto, que en su primer artículo deroga al 735/2023 del 8 de diciembre, se publicará esta medianoche en el Boletín Oficial con la fecha de este miércoles 13 de diciembre. La jugada que intentó el ex jefe de Estado, quien había anunciado que se irá a vivir a España, tan solo le duró cinco días.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad comunicó: “Se derogó el Decreto N°735 del día 8 de diciembre de 2023 firmado por el ExPresidente Alberto Fernández, que determinaba la obligatoriedad del Estado argentino de brindarle custodia tanto a él como a sus familiares directos, aun viviendo en el exterior, lo que implicaba la reestructuración de cuestiones operativas y presupuestarias que resultan contrarias al uso eficiente de los recursos y el erario público, en detrimento de las políticas impulsadas por el Estado Nacional”.
Ese intento de Fernández incluía también a los vicepresidentes y sus familias. Incorporaba un cambio en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, el organismo que está a cargo de la seguridad del Presidente. La Policía Federal Argentina (PFA) habitualmente custodia a todos los ex mandatarios en el territorio nacional, en caso de que requieran de este resguardo especial o tengan que realizar viajes puntuales. Con el DNU de Fernández, la prerrogativa se ampliaba a quienes hayan ejercido alguna vez la Presidencia y la Vicepresidencia, se desplazaran dentro o fuera del país, y con la posibilidad de utilizar ese beneficio sin un tiempo límite para su aplicación.
Con las firmas de Fernández y su jefe de Gabinete, Agustín Rossi, la medida modificaba los objetivos de Casa Militar, al reemplazar el artículo 2 del decreto 50/2019 firmado a pocos días de comenzar su gestión. La redacción de la norma sumaba como misión a los funcionarios del Poder Ejecutivo que ya cumplieron mandato. “Proveer la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”, indicaba el texto.
Además, se modificaban los artículos 14 y 15 del decreto 648/2004, aprobado durante el mandato de Néstor Kirchner. “Establécese que los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) asignados a la División Custodia Presidencial, División Custodia Vicepresidencial y Unidad Custodia Ex Mandatarios actuarán bajo control operacional de la Casa Militar, a través de la Agrupación Seguridad e Inteligencia, de la que recibirán las órdenes para su empleo, actuando de conformidad con las leyes y reglamentos que rigen al Personal de la PFA”, señalaba la normativa en su artículo 14.
En el artículo 15 se detallaba que las atribuciones de resguardo policial se extendían, además, fuera de las fronteras nacionales sin límites o condiciones específicas: “Establécese que, en función de los términos que fija el artículo 14, en los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios respectivamente, conforme las directivas y órdenes que imparta el Jefe de la CASA MILITAR y las establecidas en el artículo 8º del Decreto Nº 3469 del 7 de mayo de 1963″.
Desde la Casa Rosada, el último sábado explicaron que el decreto obedecía sólo a una modificación de organigrama y que la custodia siempre incluyó “el acompañamiento al lugar donde se encuentre el ex presidente o ex vice”. “El cambio se hizo para que las custodias no dependan del Ministerio de Seguridad y pasen a Casa Militar. Lo de fuera del país ya estaba vigente”, dieron como explicación a Infobae fuentes de Presidencia de la Nación.
Cerca de Mauricio Macri aseguraron que el fundador del PRO nunca tuvo custodia de la Policía Federal en sus viajes asiduos como titular de la Fundación FIFA. Lo que sí era incontrovertible era el cambio de jurisdicción: los efectivos de la PFA que estuvieran a cargo de la tarea ya no dependerían de las directivas de la cartera de Seguridad, que a partir de este domingo pasaron a estar a cargo de Patricia Bullrich.
Dirigentes, diputados y ciudadanos en general repudiaron la medida y ya el mismo sábado reclamaron que, una vez asumido, Javier Milei derogara la norma.
El diputado y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, calificó en diálogo con Infobae de “disparate” la medida y resaltó que en caso de ponerse en marcha demandaría “un gasto enorme, porque implica que se financie el lugar para que la custodia esté junto Alberto Fernández, la alimentación, el traslado”. “No se puede entender”, dijo el legislador y planteó que el futuro presidente debería dejar sin efecto la medida.
Florencio Randazzo, en declaraciones a Infobae, también había advertido: “Es una decisión más de las que tomó este Gobierno totalmente fuera de sintonía con los problemas de la sociedad. Lo hemos padecido a lo largo de estos 4 años, con la fiesta en Olivos, el vacunatorio vip o la compra de un avión presidencial nuevo, mientras en la Argentina real la inflación destruía el salario de los trabajadores, la pobreza aumentaba cada mes y la inseguridad nos ha robado la tranquilidad”.
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