La crisis institucional, sin precedentes, que desató el Gobierno nacional tras desobedecer el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenaba restituir parte de los fondos coparticipables recortados en 2020 a la Ciudad de Buenos Aires, entró ayer en otro laberinto judicial con dos denuncias penales contra Alberto Fernández y tres de sus funcionarios. También amenaza con enrarecer el clima de cierta calma que atraviesa la economía ya que los empresarios están en estado de alerta tras reclamar al Presidente que "acate la medida del máximo tribunal del país".

En un escenario de alta tensión política, desde la oposición, la Coalición Cívica y de Republicanos Unidos -ambos confluyen en Juntos por el Cambio-, pidieron que la Justicia avance contra el Presidente, sus ministros y el gobernador del Chaco Jorge Capitanich por incumplir una sentencia del máximo tribunal.

La presentación judicial por parte de la Coalición Cívica estuvo a cargo de su líder, Elisa Carrió, en tanto, el legislador porteño Roberto García Moritán y el abogado Yamil Santoro se presentaron en nombre de Republicanos Unidos, el espacio que preside el diputado nacional Ricardo López Murphy.

En la presentación de Republicanos Unidos cuestionaron la procedencia del recurso que el Gobierno ayer anunció que presentará para lograr la revocación "in extremis" del fallo dictado por el máximo tribunal del país.

Según la presentación, el Presidente "pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aun en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos".

En la otra denuncia, los diputados de la Coalición Cívica y la dirigente Elisa Carrió plantearon en un escrito presentado ayer al mediodía que no es lógico que el Gobierno desconozca y desobedezca el cumplimiento de un fallo adverso a sus pretensiones, dado que aceptaron anteriormente la competencia y la integración de la Corte Suprema para intervenir en la controversia entre la Ciudad y la Nación.

No sólo denunciaron penalmente al Presidente sino también al ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; al jefe de gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa, y al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Los denunciaron por los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

"En particular, el accionar desplegado por Capitanich implica instigar de manera pública al alzamiento o desobediencia de una resolución (sentencia) dictada por funcionarios públicos nacionales (Corte Suprema de Justicia de la Nación)", considera la denuncia.

"Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración", plantearon desde la CC.

"El Estado Nacional consintió la jurisdicción de la Corte Suprema para dirimir el conflicto y se sometió al trámite de dicho trámite judicial, en el cual ejerció su derecho de defensa, en prueba cabal de observancia del debido proceso. Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el solo hecho de resultar adverso a sus pretensiones", afirmaron los denunciantes de la CC.

Empresarios pidieron que se respete el fallo

Los empresarios nucleados en AEA, IDEA, ACDE y el Foro de Convergencia Empresarial destacaron la gravedad de la situación y pidieron al Gobierno de Alberto Fernández respetar los fallos de la Justicia. Además, señalaron que ese respeto es clave para lograr la estabilidad de las reglas de juego necesarias para que aumente la inversión y el empleo.

La Asociación Empresaria Argentina, AEA, subrayó "la extrema gravedad que supone que el Poder Ejecutivo pretenda no cumplir un fallo de la Corte". Y afirmó que "la República se construye sólo sobre el respeto a la institucionalidad establecida en nuestra Constitución".

IDEA, por su parte, recordó que recientemente hizo una encuesta con más de 250 empresarios y donde se destacó "la "estabilidad institucional" como la principal palanca para incentivar la inversión, "superando ampliamente otros factores como la inflación, la cuestión laboral o el marco impositivo".