El presidente Alberto Fernández respondió a un histórico reclamo de la CGT y limitó mediante la firma de un decreto la libre elección de la obra social a los trabajadores que recién se inician y los obliga a permanecer al menos un año en la prestadora de su rubro laboral antes de disponer de la opción de cambio.

Esta restricción es un traje a medida de la caja de los gremios en tiempos de vacas flacas por la pandemia donde el Estado se convirtió en la principal rueda de auxilio para el sector. Tan sólo en junio pasado, el Gobierno le transfirió más de 2.300 millones a las obras sociales sindicales con el fin de paliar los efectos del coronavirus y que estas puedan saldar sus deudas pendientes con los proveedores.

Se trata del Decreto 2021/438 publicado la noche del martes en el Boletín Oficial mientras la Selección Argentina de Fútbol definía por penales su paso a la final de la Copa América.

La flamante normativa obliga a los nuevos trabajadores a permanecer un año en la obra social del sindicato de la actividad a la que está asociado su empleador antes de poder elegir libremente el derecho de cambiar de prestadora.

Según lo establecido, esta medida permite ejercer la opción de cambio una sola vez durante todo el año calendario, hecho que se hará efectivo a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud.

Por otro lado, establece que las obras sociales deberán garantizar "el acceso a la información detallada, completa y adecuada respecto de la cobertura prestacional brindada", permitiendo el acceso en todo momento a la cartilla completa con sus distintos planes de forma online.

Finalmente, la medida aclara que este período de permanencia de un año en la obra social del rubro aplicará a todas las relaciones laborales iniciadas "con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto y no cuenten a dicha fecha con 1 año de antigüedad".

Es decir: en caso de que el derecho de opción ya haya sido aplicado por el trabajador de forma previa a la entrada en vigencia del decreto, se respetará.

El decreto cumplió con un compromiso que había asumido el jefe de Estado ante la cúpula de la CGT en un almuerzo en la quinta de Olivos y tiene como objetivo que los gremios eviten la pérdida del dinero proveniente de los aportes obligatorios a manos del sector privado.

En ese almuerzo a principios de mayo, el Presidente prometió dos medidas: el decreto en cuestión (438) y un aporte extraordinario del Tesoro nacional por 11.400 millones de pesos a las obras sociales sindicales para compensarles los gastos extras que realizaron durante la pandemia para la atención de sus pacientes discapacitados.

"Esta modificación impacta en la libre elección de obra social, que regía desde hace 23 años en la Argentina. "Es una medida contra la gente y los trabajadores. Va a generar una infinidad de problemas cuando quieran cambiar de trabajo o estén insertándose al mercado laboral", explicó Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS).

Más tensión

Este decreto suma presión a la relación del Gobierno con las prepagas, las cuales presentaron en junio un reclamo a la Justicia solicitando que se les avale subir sus cuotas un 9,77%. Sin embargo, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials rechazó la cautelar y, por lo pronto, la causa sigue congelada.

"Ganarle a Cristina"

"Fue tremendo lo que se avanzó en ampliación de derechos durante el gobierno de Cristina. Quiero ganarle a Cristina y que mi gobierno sea más progresista que el de ella y que dé más derechos que los que dio ella", sostuvo ayer Alberto Fernández al promulgar la ley de cupo laboral para personas trans.