Cuando todavía no se aplacan los ecos por el golpe por el rechazo del Senado al DNU 70/2023, el Gobierno de Javier Milei anunció ayer través de la Oficina del Presidente las nominaciones del juez federal Ariel Lijo y el jurista Manuel García-Mansilla para ocupar dos lugares en la Corte Suprema de la Nación.

La propuesta de Ariel Lijo es para cubrir la vacante de la Corte Suprema y así ocupar el quinto lugar tras la salida de Elena Highton de Nolasco y la de García-Mansilla es en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley.

"Ambas nominaciones permitirán restablecer el número de ministros de la Corte Suprema a cinco", resaltaron desde la administración libertaria.

El anuncio llegó a través de un comunicado de prensa publicado por la Oficina del Presidente, la administración libertaria notificó que el mandatario "de acuerdo con la modificación del Decreto 222/2003 que será publicada en las próximas horas". De esta manera, el oficialismo se pone frente a otra prueba de fuego en el Congreso ya que aún no tendría los votos suficientes en el Senado para avanzar con estas nominaciones y se expone a un nuevo fracaso. Para materializar sus candidaturas, Lijo y García-Mansilla sólo deberán obtener el acuerdo de la Cámara alta, sino que para ese aval la Constitución exige una mayoría calificada de dos tercios de los presentes, y hoy el oficialismo no tiene garantizado ese número.

Así, este tema tan sensible para el Gobierno se convertirá en el próximo desafío de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que llega a este nuevo reto luego de un traspié legislativo que le costó varios chispazos con el Poder Ejecutivo. La semana pasada, no pudo evitar el rechazo del DNU 70/2023 de Javier Milei y recibió fuego amigo por no seguir dilatando la discusión de la norma que firmó en diciembre pasado el Presidente. Fue con 42 votos que la Cámara alta le bajó el pulgar a la medida con la que el Ejecutivo desregula múltiples áreas de la economía y la política, un número muy cercano al que se requiere para nombrar a los magistrados supremos.

Además del kirchnerismo, que sentó a la totalidad de sus 33 senadores, votaron en contra los radicales Martín Lousteau (Capital), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Pro). También lo hicieron los provinciales Mónica Silva (Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y Lucila Crexell (Neuquén); y los peronistas del bloque Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).

Las nominaciones sorprendieron a propios y extraños. Con el hermetismo que caracteriza a la administración libertaria, el Ejecutivo cuidó celosamente la información para hacerla pública a través de las redes sociales, su principal vía de comunicación.

El Gobierno destacó que Lijo actualmente ejerce como Juez Federal de la Nación y "se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal", mientras a García-Mansilla lo calificaron como "un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional". Y que se trata de "los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande nuestro país. "En general, todos los gobiernos consultan al Senado antes de mandar pliegos para no "emparrillar" a nadie. No es el caso de este Gobierno", indicó una senadora kirchnerista que hizo hincapié en la falta al cupo femenino y destacó: "Habrá que preguntarle al Gobierno por qué no cumple con la ley".

Sólo hubo 3 mujeres

Desde el inicio de sus funciones en 1862, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido un total de 111 ministros, de los cuales hubo 108 varones y sólo 3 mujeres. Entre 1970 y 1973 Margarita Argúas se transformó en la decana de las mujeres en ocupar un asiento en el Máximo Tribunal de Justicia.

>> El martillo en causas resonantes 

El juez Ariel Lijo es uno de los 12 jueces de los tribunales de Comodoro Py y uno de sus principales referentes y bajo su órbita le toco investigar causas resonantes como la del exvicepresidente Amado Boudou.

Lijo fue designado en 2004 en pleno gobierno de Néstor Kirchner y rápidamente su nombre empezó a sonar en casos políticamente sensibles cuando tuvo a cargo la investigación por supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA por la cual envió a juicio al expresidente Carlos Menem; al extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al exjuez Juan José Galeano. Además, le tocó intervenir en las causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos cometidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército por desapariciones y aplicación de tormentos.

Otro caso polémico fue el asesinato del entonces secretario de la CGT José Rucci el cual él investigó pese a considerar que no fue un caso de lesa humanidad. Luego le tocaron casos sensibles y fue el turno de investigar al vicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone Calcográfica al considerar que aquel se interesó por la venta de la empresa. Boudou terminó yendo a juicio oral y resultó preso. También investigó al exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, entre otras causas.

>> Académico crítico del kirchnerismo

El constitucionalista Manuel José García-Mansilla, propuesto ayer para ocupar a partir de diciembre próximo la vacante que dejará Juan Carlos Maqueda en la Corte Suprema, es el actual decano de la Universidad Austral, de la que también provino el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz. De hecho, cuando García Mansilla recibió el doctorado en esa casa de altos estudios, Rosenkrantz fue uno de los jurados que lo evaluó.

En su currículum figura también que es "especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario" y se desparraman post grados, masters y trabajos sobre la Constitución Nacional, la exploración y producción de hidrocarburos, "Litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos" y el "asesoramiento y participación en licitación de áreas provinciales de hidrocarburos" y "de empresas locales e internacionales en cuestiones relacionadas con el derecho público, derecho de la energía y el derecho comercial".

En 2015, avaló desde el punto de vista constitucional la designación por decreto de los jueces Horacio Rosatti y Rosenkrantz para la Corte. En el pasado reciente, se convirtió desde sus columnas de opinión y análisis en medios de comunicación y portales en un crítico del proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que intentó el kirchnerismo el año pasado en Diputados.