El juez federal Claudio Bonadio dispuso ayer congelar los fondos de una cuenta bancaria en Suiza detectada a nombre del extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, arrepentido en la causa por los cuadernos de la corrupción K.

En cuanto a la cuenta bancaria, de acuerdo con informes entregados en la causa por la Unidad de Información Financiera, tiene un saldo de 20 millones de dólares y está a nombre de Wagner (dueño de la constructora Esuco), procesado por asociación ilícita en la causa en la que también está acusada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros exfuncionarios de su gobierno y empresarios.

El magistrado dispuso trabar embargo preventivo sobre esa cuenta en Suiza, país con el cual Argentina tiene convenios de colaboración. Según medios nacionales, los 20 millones de dólares pueden ser los primeros montos de dinero encontrado provenientes de la corrupción en el reparto de obra pública durante el kirchnerismo.

En un comunicado, la oficina de prensa que trabaja para Wagner aseguró al sitio online de noticias Infobae que "en referencia a la nota publicada acerca del embargo que dictó la Justicia de una cuenta en Suiza donde se da a entender que el dinero proviene de fondos espurios, el ingeniero Carlos Enrique Wagner quiere aclarar que se trata de una cuenta con fondos blancos provenientes de ahorros que fueron trasladados al exterior a lo largo del tiempo, registrados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) e incorporados a las declaraciones anuales de impuestos".

Wagner, dueño de la constructora Esuco SA, se había convertido en uno de los imputados colaboradores y obtuvo su libertad después de estar detenido una semana. Durante una extensa declaración contó cómo funcionó "el sistema de la obra pública" que pagaba "un retorno del 10 al 20 por ciento a la política", que "otorgaba obras de ingeniería civil" mayoritariamente.

Apuntado como partícipe necesario de la asociación ilícita que movió, según la Justicia, cerca de 200 millones de dólares en sobornos durante diez años, fue el primero del sector en admitir "pago de coimas" y contó cómo funcionaba la "cartelización de la obra pública".

Según trascendió, el extitular de la Cámara de la Construcción no sólo organizaba el reparto de contratos, sino que oficiaba de garante si alguno de los empresarios no pagaba los sobornos acordados.

Wagner es uno de los empresarios claves en la causa de los cuadernos. El empresario quedó procesado como miembro de la asociación ilícita. Pero los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron porque lo señalan como uno de los organizadores de la banda, algo que tendrá que revisar la Cámara Federal.

Wagner generó uno de los primeros cimbronazos en la causa judicial cuando describió las reuniones en la sede de la Cámara Argentina de Empresas Viales, donde se arreglaban las licitaciones públicas.

El empresario cercano a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández, y amigo personal de Julio De Vido también fue uno de los primeros que dieron cifras concretas, cuando afirmó que los empresarios pagaban casi todo el anticipo, que llegaba hasta el 20 por ciento del monto total de la obra.

Wagner fue uno de los empresarios más poderosos durante la gestión de gobierno del kirchnerismo. Con su empresa Esuco consiguió contratos de obra pública por unos 7 mil millones de pesos.

En su presentación ante el fiscal federal Carlos Stornelli, el empresario Wagner involucró nada menos que a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el pago de los sobornos, y dijo que tanto ella como el exministro de Planificación Julio De Vido sabían de los pagos irregulares que contratistas de obra pública le hacían al exfuncionario Roberto Baratta.

"Todos sabían que yo era el amigo de De Vido (cuya mano derecha era Baratta). En 2004, el arquitecto (De Vido) me citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente (Néstor Kirchner) debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno en las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos. Porque la obra pública -me dijo-, iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos", declaró Wagner ante el fiscal Stornelli.

En la misma causa, en la que se investiga el presunto pago de sobornos en la obra pública, el magistrado allanó dependencias del Ministerio de Transporte de la Nación en busca de información sobre subsidios ferroviarios ocurridos entre 2003 y 2015. Télam

>Fiscal pide detener a viuda de Muñoz

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió ayer detener a Carolina Pochetti, viuda del exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, en un dictamen entregado al juez del caso, Luis Rodríguez. Según confirmaron fuentes del caso, el fiscal hizo el pedido luego que el jueves pasado la Cámara Federal porteña ordenó al magistrado resolver esa cuestión además de evaluar si ordena congelar los bienes de Pochetti.

Stornelli ya había pedido esa medida al juez, pero ante una primera negativa acudió a la Cámara Federal, y ahora reiteró la solicitud sobre Pochetti. El fiscal además pidió que el juez congele bienes en el exterior de la viuda del exsecretario fallecido en base a informes llegados desde el exterior relativos a una "estructura jurídica, societaria y bancaria" que se habría usado para supuesto lavado de activos. La Cámara Federal abrió el camino para que la Justicia convoque a indagatoria y disponga el congelamiento de los fondos en el exterior de Pochetti en la causa por lavado de dinero.

>Piden juicio a Daniel Scioli

Un fiscal argentino pidió ayer elevar a juicio oral la causa contra el exvicepresidente argentino Daniel Scioli (2003-2007) por presuntos hechos corrupción que se le imputan de cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015.

El excandidato a presidente por el Frente para la Victoria está acusado por el fiscal Álvaro Garganta de supuesta negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias pasivo y activo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la causa que le afecta se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de la construcción de ocho unidades sanitarias de pronta atención (UPA) y la ampliación de una novena por las que el Gobierno provincial habría recibido 117 millones de pesos. En esta causa, también piden que vayan a juicio oral, entre otros, el exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Alejandro Collia, el exjefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, y el empresario Ricardo Miller.