El Senado convirtió en ley ayer, como parte de un paquete que se votó sin debate, el proyecto de ley que crea un impuesto al patrimonio de cooperativas y mutuales financieras y de seguros, que pagarán una alícuota máxima del 4 por ciento. Lo bueno, dentro de esta mala noticia para el sector, es que el proyecto aprobado por Cámara Alta tiene una tasa menor a la prevista en el Presupuesto 2019 que fijó el pago de un gravamen del 6 por ciento sobre el capital que superara los 50 millones de pesos.

Con las modificaciones realizadas, la iniciativa, respaldada ayer sin debate luego del consenso previo de los bloques, establece que el mínimo no imponible será de 50 millones de pesos, por lo cual hasta ese valor de facturación las cooperativas están exentas de pagar el tributo.

Ese mínimo no imponible será actualizado anualmente por inflación. El impuesto tendrá vigencia por cuatro años.

También fija que hasta cien millones deberán pagar una alícuota del 3 por ciento sobre el excedente de 50 millones y esa alícuota alcanzará el 4 por ciento cuando el patrimonio supere los 100 millones de pesos.

El proyecto crea una contribución extraordinaria, de carácter transitorio, sobre el capital de cooperativas y mutuales que desarrollen actividades de ahorro, de crédito y/o financieras y de seguros y/o reaseguros, que se aplicará en todo el territorio de la Nación.

Establece también que no deberán pagar este gravamen las mutuales que tengan por objeto principal la realización de actividades de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros y las ART-Mutual.

En esta sesión también se convirtió en ley un proyecto para favorecer la importación de lámparas de tecnología LED y prohibir la comercialización de las halógenas.

Las lámparas de tecnología LED que consumen entre un 85% y un 90% menos que las halógenas e incandescentes y un 50% menos que las de bajo consumo, y duran entre 30 mil y 50 mil horas. Otra proyecto convertido en ley es el que incorporó 188 barrios populares a la Ley de Regularización Dominial que apunta a entregar el título de propiedad a los habitantes de villas y barrios populares, quienes así podrán regularizar su acceso a las redes de luz, cloacas y agua.

En labor parlamentaria, los bloques habían acordado previamente dejar para una próxima sesión los temas más conflictivos, como el proyecto contra los barrabravas, los cambios a la Ley de Papel Prensa y la nueva regulación sobre financiamiento de las campañas políticas.

Una cédula electrónica de escolares

La Cámara de Senadores aprobó ayer, y convirtió en ley, un proyecto para crear la Cédula Escolar Nacional, que tendrá un dispositivo informático para hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos desde que ingresan al sistema educativo hasta que egresan.

La iniciativa, impulsada originalmente por el senador radical Julio Cobos, establece la creación de un sistema digital con mecanismos de alertas sobre ausencias reiteradas de los alumnos, falta de inscripción al ciclo anual o para rendir materias adeudadas y otros indicadores sobre el riesgo de deserción escolar. De esta manera, el sistema permitirá al Estado identificar a los chicos en edad de escolaridad obligatoria que se encuentran fuera del sistema porque nunca ingresaron o porque, habiendo ingresado, no permanecen en él, así como aquellos que se encuentren en riesgo de deserción escolar.

El programa también se ocupará de identificar a quienes no hayan completado los controles sanitarios o el plan de vacunación obligatorio.

La coordinación y ejecución de la Cédula Escolar estará a cargo de un equipo interdisciplinario nacional, que acordará las políticas de intervención con equipos jurisdiccionales.

A nivel nacional ya existía una iniciativa similar (el Sistema Integral de Información Digital Educativa), que empezó a implementarse en 2014 y reúne datos personales, educativos y del hogar de cada estudiante, además de información sobre los docentes y las escuelas.