Defensor de la Tercera Edad. Para Eugenio Semino, el pago de la sentencia de la Corte recién se producirá en 2020 después de fijarse en el Presupuesto.

Especialistas en temas previsionales coincidieron ayer en que el fallo de la Corte Suprema sobre el cobro retroactivo de haberes jubilatorios no tendrá impacto fiscal en lo inmediato, sino que se trasladará al año fiscal 2020 y destacaron que la determinación es beneficiosa y justa para con jubilados.

"Nada nuevo para el Estado en términos de costo fiscal porque el Presupuesto 2019 está ya hecho con la pauta de pago de sentencia como si se liquidara con el Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC)", aseguró el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. En ese sentido, agregó que "si tiene algún impacto fiscal, recién se produciría en el año fiscal 2020 y seria una discusión del nuevo presupuesto y de las condiciones y la situación política de ese momento".

En sintonía con Semino, el analista previsional Enrique Feuillassier hizo la misma consideración y enfatizó que "el día después del fallo no cambia en términos fiscales porque asumiendo que hay la cantidad de expedientes que se supone, hay que hacer cola". "Cuando el gobierno se queja sobre esto, es relativo porque depende más bien de la velocidad de la Justicia pero la Corte está entrampada en su propia jurisprudencia, los jueces no tienen más remedio que hacer lo que se hizo previamente", indicó Feuillassier.

"El universo al cual favorece el fallo, en términos de seguir liquidando las sentencias como lo vino haciendo la Anses, es 150.000 jubilados que hoy están en juicios, de los cuales hay 11.000 expedientes que ya están en la Corte", precisó Semino. El ombudsman sostuvo sobre ese punto que "hay que ver cómo la Corte hace extensivo los efectos, porque hubo antecedentes como el caso Badaro, que en el primer fallo la Corte falló a su favor pero no generalizó el efecto sino que lo envió al Congreso". Por su parte, el abogado especialista en asuntos previsionales, Adrián Troccoli, manifestó que "el fallo define a favor de los jubilados, pero no de todos los jubilados". Explicó que el fallo beneficia a quienes habiéndose jubilado antes de agosto del año 2016 no aceptaron la reparación histórica y "van a insistir" con sus juicios, a fin de obtener "más de lo que el Gobierno pretendía dar". El letrado destacó la importancia de que la Corte resuelva la aplicación del ISBIC porque "es una manera de pedirle a los jueces que no demoren las sentencias" y consideró que la cifra de $100.000 millones que se estima como el impacto fiscal del fallo es "razonable, pero esto no es un gasto extra, es una falta de ahorro, que además tendrá impacto en el presupuesto nacional para el año 2020". Por último, destacó que el fallo también deja en claro que cualquier modificación a aplicar "tiene que definirse por ley". Entre julio de 2016 y octubre de 2017, el monto por retroactivos e incremento de haberes dentro de la Reparación Histórica llegó a $36.500 millones.

La oposición celebró el fallo y reclama una reforma previsional


Como era de esperarse, la noticia logró una alta repercusión entre dirigentes de la oposición que celebraron la sentencia de la Corte. Uno de los primeros en comentar la decisión de la Corte fue nada menos que Sergio Massa, líder del Frente Renovador, quien aseguró que el fallo "viene a traer algo de Justicia" para los jubilados "después de la brutal reforma previsional" del año pasado.

Atento a lo que se viene, Massa aprovechó el fallo para colar la campaña electoral en la agenda política. "Argentina necesita una alternativa, un nuevo Gobierno que trabaje en un pacto de Estado para lograr una seguridad social justa y sostenible". En ese contexto, el exdirector de la Anses aseguró que "necesitamos un pacto federal sobre las rentas y pensiones".

En tanto, Agustín Rossi pidió discutir "el índice de actualización de jubilaciones y pensiones" en las sesiones extraordinarias al tiempo que exigió al Ejecutivo que "haga efectiva" la sentencia.

A través de un comunicado de prensa, el titular de la bancada del FpV en la Cámara de Diputados reivindicó el dictado de la Ley de Movilidad Jubilatoria del año 2009 y destacó que "con este fallo, queda demostrado el carácter regresivo de la Ley de Reparación Histórica ya que quienes se acogieron voluntariamente quedarían fuera de los alcances de este fallo".

Vale recordar que antes de la sanción de esa ley, para calcular la movilidad jubilatoria se aplicaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) que ayer fue ratificado, pero la Anses comenzó a utilizar el indicador llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) modificando aquel otro sistema que se venía aplicando desde el 2009.

Por su parte, Carla Carrizo, diputada por Evolución, el bloque que conduce Martín Lousteau en la Cámara baja, consideró que el fallo de la Corte "es una oportunidad para un debate más profundo". A través de su cuenta de Twitter, la legisladora señaló que "el Congreso adeuda una reforma previsional integral".

La carta de Massa

Sergio Massa, exdirector de la Anses, compartió en Facebook una carta dirigida a los jubilados y pensionados, y recordó lo que pasaron sus propios abuelos. "Pasaron más de 30 años. Y hoy estamos frente a la misma realidad. El Gobierno mira a los jubilados como un gasto. Y entonces siguen los reclamos", escribió.

Pasar del 46% al 59%

Según sostenía el abogado de Blanco, Gabriel Greizerstein, su defendido se vería mucho más favorecido si se aplica el primero de esos métodos para calcular el incremento de sus haberes, ya que cobraría el 59 por ciento de su salario como trabajador activo, mientras que con el otro mecanismo recibiría 46 por ciento.