Un total de 10.000 prófugos de la Justicia fueron recapturados en los últimos tres años y medio a través del Comando Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre) y de las fuerzas de seguridad nacional e Interpol, aunque aún resta localizar a otros 40.000 con pedido de captura, de los cuales la mitad son "altamente conflictivos", informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

"En nuestra gestión, hubo un salto de calidad en las cuatro fuerzas porque los investigadores del Cufre perfilan cómo son las personas buscadas ya que hay que ganarles en inteligencia y ver cuáles son sus puntos débiles", dijo a Télam la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien estuvo acompañada por el secretario de esa cartera, Eugenio Burzaco.

De acuerdo al informe oficial, el último sábado de agosto recapturaron al prófugo 10.000 desde que arrancó esta gestión.

En 2016, hubo 2.711 evadidos atrapados, 2.787 en 2017, 2.920 en 2018 y 1.582 durante el primer semestre de este año, por lo que se detuvo un prófugo cada tres horas.

En los primeros tres años, la ciudad de Buenos Aires fue el lugar en el cual hubo un mayor número de recapturados que tenían pedido de detención, con un total de 1.790, mientras que la provincia homónima quedó segunda con 1.334.

En tanto, en Misiones hubo 396 recapturados, en Santa Fe 387, en Salta 222, en Corrientes 142, en Formosa 124, en Jujuy y en Entre Ríos 109, en Mendoza 83 y en el resto de las provincias 1.011.

Además, la ministra Bullrich resaltó que el resto de los evadidos detenidos fueron en países limítrofes como Bolivia o Paraguay, con quienes se lograron avances "muy importantes" respecto a este tema.

El secretario Burzaco también destacó que al comienzo de la gestión había 50.000 prófugos y que ahora resta localizar unos 40.000, de los cuales aproximadamente 20.000 son "altamente conflictivos".

De acuerdo al Cufre, hasta el 2 de julio de 2019, el 33,6 por ciento de las capturas vigentes fueron libradas en causas por delitos contra la propiedad, el 9,5 por delitos contra las personas, el 8,7 por delitos previstos por leyes especiales y decretos ley, el 5,1 por delitos contra la administración pública y el 3,6 por ciento por delitos contra la integridad sexual. Además, en el 86 por ciento de las causas los involucrados son de sexo masculino y el 74 por ciento son argentinos.