El juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, y el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí imputaron a la exsecretaria de Deportes de San Luis Cintia Ramírez por cuatro presuntos delitos en su gestión: negociaciones incompatibles con la función pública , malversación de caudales, incumplimiento de los deberes y fraude en perjuicio de la administración del Estado.
La imputación incluyó el pedido de inhibición de bienes por más de 2.283 millones de pesos y una medida de restricción que le prohíbe salir de la provincia de San Luis por cuatro meses, durante los que deberá firmar el libro de imputados.
Ramírez es investigada porque durante la gobernación anterior de Alberto Rodríguez Saá cumplió tres roles en simultáneo, al ser secretaria de Deportes, presidenta del Ente Deportes de la provincia y titular del San Luis Fútbol Club (SLFC), a la vez que se sospecha que utilizó recursos del Estado para beneficio propio.
Según argumentó el fiscal, Ramírez fue nombrada en la secretaria en marzo de 2022; un mes después se creó el Ente Deporte y posteriormente se conformó SLFC como asociación civil, un espacio donde la exfuncionaria cumplía con funciones dirigenciales.
Assat basó su acusación en 276 transferencias a SLFC que se realizaron entre 2022 y 2023 por 166 millones de pesos y en la compra de un colectivo con 60 asientos, destinado al traslado de las jugadoras.
Sobre esto, afirmó que según la cotización que hizo una martillera pública, el valor del colectivo debía ser 144 millones de pesos y el Estado desembolsó 290 millones.
Ramírez se abstuvo de declarar en la causa y su abogado defensor, Marcos Juárez, solicitó la nulidad de la formulación de cargos por incongruencia, apuntó a una violación del debido proceso y consideró que se trató de una acusación “apresurada y tergiversada”.