El Ministerio de Trabajo dictó una resolución para agilizar los trámites y la homologación de los convenios de empresarios y sindicalistas para suspender trabajadores que no cumplen tareas y pagarles una retribución equivalente al 75% del salario neto, como surge del acuerdo UIA-CGT.
La norma firmada por el ministro Claudio Moroni, que tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, establece que “las presentaciones que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería gremial y las empresas, para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (de Contrato de Trabajo) y sus modificatorias serán homologadas, previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación”, y agrega que “igual criterio se seguirá en aquellos casos en que el acuerdo sea más beneficioso para los trabajadores”.
Cuando las presentaciones sean realizadas por el sector empleador, la resolución le otorga a los sindicatos con personería la facultad de revisar durante tres días las presentaciones de las empresas efectuadas ante el Ministerio de Trabajo, con el listado del personal afectado a las suspensiones, y el plazo puede ser prorrogado por dos días más a pedido de la representación gremial.
Vencido ese plazo de tres, o eventualmente de cinco días, el silencio de la entidad sindical permitirá que el expediente sea dado por conforme, pero si hay oposición de la parte gremial se abrirá “una instancia de diálogo y negociación” con la representación empleadora.
En la resolución también se aclara que las presentaciones que efectúen las partes para la aplicación de suspensiones que “no se ajusten íntegramente” a los términos del acuerdo entre la UIA y la CGT serán sometidos al “control previo” del Ministerio de Trabajo que, en cada supuesto, “indicará las consideraciones que correspondan en orden al trámite requerido”.
Por último, la norma de la cartera laboral estipula que “las partes deberán consignar en su presentación inicial una declaración jurada acerca de la autenticidad de las firmas”.
En los considerandos de la resolución se destaca que “a consecuencia del dictado del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, aproximadamente 400.000 empresas han visto afectado su normal desarrollo, pudiendo entonces estar en condiciones de celebrar acuerdos que, por aplicación de las normas legales respectivas, permitan acordar mecanismos de suspensión de tareas”.
Se sostiene, además, que la medida dictada por Moroni obedece a la necesidad de “agilizar los trámites” con el fin de “dar respuesta inmediata y oportuna” para que los trabajadores y el sector empleador “puedan acceder a medidas que tiendan a paliar la situación socioeconómica actual, evitando de esta manera que el retardo en su implementación, lo torne ineficaz o frustre un derecho o una necesidad impostergable o produzca un daño de difícil reparación”.
Según el texto que firmaron la UIA y la CGT, quedarán excluidos de sus alcances “los trabajadores que hayan establecido con su empleador las condiciones en que prestarán servicios desde el lugar de aislamiento” y también los pertenecientes a los grupos de riesgo, es decir, los mayores de 60 años, embarazadas o con patologías preexistentes.
En el acuerdo se establece que “el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado. Sobre este monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23.660 y 23.661 y el pago de la cuota sindical”.
También prevé que “quienes apliquen este marco normativo deberán mantener su dotación de trabajadores sin alteraciones durante un plazo igual a la vigencia de esta norma”.