Tras la denuncia penal de su empleada doméstica, la Justicia federal comenzó a investigar a Victoria Donda, quien encabeza el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), por el delito de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta por ofrecerle a la mujer un cargo en el organismo que dirige a cambio de su renuncia.

La denuncia contra Donda fue presentada el 29 de diciembre pasado por el abogado Fernando Zarabozo, abogado de Arminda Banda Oxa, la empleada que también le reclama a Donda por no haberla tenido registrada durante la totalidad de la relación laboral.

Por sorteo el caso le tocó al juez Sebastián Casanello, quien subroga el Juzgado Federal 12. El juez le delegó la causa a la fiscalía que está a cargo de Guillermo Marijuán. El fiscal se encuentra de licencia por haberse contagiado Covid-19 y en su reemplazo hasta que termine su aislamiento actúa Eduardo Taiano.

Según fuentes judiciales, la fiscalía impulsó el caso, por lo que Donda quedó imputada. Al mismo tiempo la fiscalía pidió las primeras medidas de prueba para avanzar con la investigación.

Cuando se conoció la denuncia, Donda, a través de su cuenta oficial de Twitter, hizo un descargo en el que aseguró que los aportes laborales y los pagos salariales de la empleada fueron hechos "en tiempo y forma". También admitió el ofrecimiento que le hizo a Arminda, de 63 años, boliviana, pero aseguró que fue ella quien quiso renunciar a su trabajo como empleada doméstica.

Donda había dicho: "Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio".

• La defensa de Alberto

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que conoce a Victoria Donda, "sabe que no tiene que ver con su naturaleza sacar ventaja del Estado", al referirse a la denuncia en relación a su empleada doméstica. "No le estaba ofreciendo un contrato del Estado para que siguiera trabajando en su casa", concluyó.