A punto de cumplirse tres meses del intento de homicidio contra Cristina Kirchner, la Cámara Federal rechazó este viernes el intento de la vicepresidenta de apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Y en paralelo ordenó una serie de medidas que se deberán profundizar para esclarecer una de las pistas sobre la que apunta la querella y que salpica al diputado del PRO Gerardo Milman, a quien le atribuyen haber dicho en un bar dos días antes del ataque “cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. Entre esas medidas, que declaren dos diputados del Frente de Todos para saber qué saben de esa hipótesis.

Según resolvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, la jueza o el fiscal Carlos Rìvolo -en quien la jueza delegó el miércoles la instrucción- deberán llamar a declarar nuevamente al testigo Jorge Abello, que escuchó esa frase; citar a su jefe, el diputado santafesino Marcos Cleri; y a otro cliente del bar Casablanca que estaba en ese momento en el lugar: el diputado del Frente de Todos Mario Leito. Recién ahí, la juez deberá evaluar si se procede al análisis de los teléfonos de las colaboradoras de Milman, en un marco “acotado” a lo que haga referencia a esta pista.

¿Por qué? Porque la “gravedad institucional” detrás de este intento de homicidio impone que “se agote toda línea de investigación que pueda tener algún impacto en la hipótesis delictiva”. “Si bien consideramos que, con acierto, la Sra. Jueza ha procurado evitar un menoscabo a las garantías constitucionales de dos testigos -respecto de quienes no se acreditó por el momento ninguna vinculación delictiva al caso-, lo cierto es que dada la gravedad institucional del hecho aquí investigado -el intento de dar muerte a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández- tornan imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego”, aseguraron.

Antes de esa decisión, Bruglia ratificó a Capuchetti en la causa. Aseguró que “no se desprende en el marco de estas actuaciones, acto alguno por parte de la magistrada interviniente que pueda inferir un objetivo y concreto dato de parcialidad”. Y afirmó que el pedido de recusación se justifica en la “disconformidad –pueda ser acertada o no- con ciertas aristas relacionadas con el modo de llevar adelante la presente investigación, pero de ningún modo concreta una evidencia que demuestre la ausencia de imparcialidad invocada”. Según resaltó, “esas criticas a la investigación deben ser canalizadas a través de “los instrumentos recursivos pertinentes y específicos que para ese fin establece el Código Procesal Penal de la Nación”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.

Los dos pronunciamientos de la Cámara Federal son la respuesta a las críticas abiertas y públicas que la vicepresidenta motorizó contra la causa que investiga el intento de asesinato en su contra. Desde que la jueza rechazó un pedido de la querella para secuestrar los teléfonos de dos colaboradoras de Milman que declararon como testigos, la vicepresidenta rompió filas con la investigación y empezó a enumerar diversas críticas en la causa que antes no había objetado en el expediente.

Por la causa están presos Fernando Sabag Montiel, el hombre que le apuntó en la cabeza a la vicepresidenta, y su novia, Brenda Uliarte, acusados de ser coautores del intento de asesinato agravado. También está preso Nicolás Carrizo, jefe de los “copitos”, procesado como partícipe secundario. CFK lo quiere también como coautor. Y a todos ellos y muchos más investigados por asociación ilícita, la misma figura que pesa sobre ella en muchas de las causas de corrupción que la tienen como acusada.

La recusación

En ese contexto, la vicepresidenta emprendió hace unas semanas una embestida abierta contra la jueza Capuchetti a quien acusa de no haber investigado las patas políticas que hay detrás de su atentado y de demorar la causa que ya tiene más de 25 mil fojas. Incluso, en la audiencia del miércoles, el abogado José Manuel Ubeira, representante legal de CFK junto a Marcos Aldazabal, aseguró que si a la vicepresidenta o sus hijos les pasa algo será responsabilidad de Capuchetti.

El juez Bruglia, que tuvo en sus manos la respuesta a la recusación, tomó nota de esa apreciación y le llamó la atención al querellante en una resolución en donde rechazó la recusación de la magistrada. No sin antes subrayar que “el hecho que dio origen a estas actuaciones reviste particularidades que indefectiblemente le otorgan una importante gravedad de trascendencia institucional”.

“Además de atentarse contra el derecho fundamental a la vida de una persona, la particularidad del caso, en atención a la investidura institucional ostentada, ha puesto severamente en riesgo los preceptos y valores de convivencia democrática y del orden constitucional. Baste recordar la imagen de un sujeto que increíblemente logró colocar y gatillar un arma cargada con proyectiles a centímetros de la cabeza de quien detentaba en ese momento la Vicepresidencia de la Nación”, escribió.

En ese contexto, Bruglia agregó: “este singular escenario exige, sin duda alguna, una actividad y respuesta jurisdiccional, donde impere una investigación profusa y sin demoras, en la que se considere y se agote toda línea de investigación que pueda tener algún impacto en la hipótesis delictiva. Para ello, se debe priorizar la realización del universo de medidas probatorias que resulte indispensable para determinar o descartar cualquier otra participación en el hecho, más allá de la reprochada a los sujetos que ya fueran identificados y procesados”.

Pero advirtió que “la aplicación del instituto de la recusación resulta absolutamente restrictiva y las críticas a la instrucción que formula la querella para sustentar el pedido de apartamiento de la jueza -las cuales ninguna de ellas ha sido materia de revisión por parte de esta Alzada-, exceden el margen de actuación de esta incidencia”.

En ese sentido subrayó que la querella desplegó en el pedido de recusación cuestionamientos a la instrucción, cuando ya “ha tenido la oportunidad legal de plantear su desacuerdo con lo decidido por la magistrada de grado, para obtener una respuesta jurisdiccional al respecto que, más allá que resulte o no favorable a su pretensión, se trata justamente de la utilización de los mecanismos adecuados que ofrece la normativa procesal para discutir cuestiones como las enumeradas en esta incidencia al motivar la recusación formulada”.

Y en ese contexto añadió que no se puede admitir una recusación cuando se utiliza “como un instrumento eficaz para separar al juez interviniente del conocimiento de la causa cuando sus resoluciones no le sean favorables, contrariando las normas constitucionales que contemplan el principio del juez natural”.