El debate por una baja de la imputabilidad volverá a reactivarse estos días a partir del próximo envío al Parlamento de un proyecto del Gobierno nacional para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que contempla una disminución de 16 a 15 años en la edad para ser imputado por delitos graves.

El Congreso intentó durante los últimos veinte años avanzar en la discusión de bajar la edad de imputabilidad, pero el tema nunca pudo llegar al recinto debido a la falta de acuerdo político.

Es más: tanto en Diputados como en el Senado siguen vigentes distintos proyectos sobre esta cuestión, pero aún no fueron debatidos en comisiones.

En cualquier caso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó ayer que el Gobierno enviará al Congreso, para debatir posiblemente en sesiones extraordinarias el proyecto que baja a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves y que contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo.

Bullrich destacó que, independientemente de la edad que tenga, "cuando un menor comete un robo entra en un régimen de resarcimiento de la conducta gravosa que le generó a la sociedad". La ministra 
precisó que el proyecto "avala la teoría de (Rudolph) Giuliani (el exAlcalde de Nueva York) de cuando explota la primera conducta disvaliosa es importante, porque cuando nadie le dice nada, va generando conductas más violentas y avanza en la carrera delictiva". "El objetivo del régimen es trabajar para impedir que ese chico avance en la carrera delictual", aseguró Bullrich. Sin embargo, a pesar de los intentos de diferentes gestiones, las discusiones sobre la baja de imputabilidad a menores siempre se trabaron en el Congreso por las divisiones políticas. Sólo el Senado pudo aprobar en 2009 un proyecto para bajar la imputabilidad, pero luego se empantanó en Diputados por las críticas del kirchnerismo, radicalismo, la izquierda y del socialismo, y la norma en debate perdió finalmente estado parlamentario.

En la actualidad hay al menos una docena de proyectos en Diputados para establecer un nuevo régimen penal juvenil, aunque sólo tres proponen bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, que fueron elaborados por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el salteño Alfredo Olmedo y la puntana Ivana Bianchi. Las divisiones en torno a la cuestión atraviesan a diferentes bloques, incluyendo a Cambiemos, el Frente Renovador y el kirchnerismo; en 2013, por ejemplo, el entonces candidato a diputado por el FPV-PJ e intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad, y tuvo que soportar duras críticas de sus pares. En el Senado, en tanto, sólo dos proyectos de ley aún tienen vigencia, y fueron presentados por el Partido Renovador de Salta y el kirchnerismo.

La iniciativa de la salteña María Fiore Viñuales, que remite a un proyecto presentado en 2016, tiene como objetivo establecer un sistema penal para contener a menores de entre 13 y 18 años que cometan delitos. El expediente, además, se afirma en la sanción de un proyecto de similares características al de 2009, que perdió estado parlamentario en Diputados en 2012. En tanto, el proyecto de la exsenadora kirchnerista María Laura Leguizamón, finalmente, está basado en la discusión original; aunque esa iniciativa no resultara sancionada en febrero, perderá estado parlamentario a partir del 1 de marzo.

Un plan para expulsión de extranjeros

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró ayer que el Gobierno trabaja en un programa que será enviado al Congreso para agilizar la deportación de extranjeros que cometan delitos en la Argentina, que incluye la creación de una Cámara (una instancia judicial específica) que investigue esos hechos, "para que todo aquel que se radique en el país lo haga con un objetivo de colaboración y no de venir a delinquir".

De todos modos, el Gobierno ya tiene una lista de 1.000 extranjeros para ser deportados pero lo harán bajo leyes vigentes.

Bullrich precisó que el pograma para deportar extranjeros que delinquen es un proceso que comenzó con un decreto de Mauricio Macri y puso de relieve que "el objetivo es que todo aquel que se radique en la Argentina lo haga con un objetivo de colaboración y no de venir a delinquir".

Según la ministra, "en el último tiempo y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas detenidas".

Según detalló, el área de Migraciones "ha construido un listado de personas impedidas de estar en el país y esta es una primera parte de un programa más extenso que será llevado al Parlamento".

"La idea más que la creación de un fuero, que serían más cargos y mas jueces, es la creación de una Cámara. Hay un proceso administrativo y luego un proceso judicial: la idea es que sea un trámite más rápido porque tiene que ver con la seguridad de la gente", enfatizó.

Por su parte el director nacional de Migraciones, Horacio García, sostuvo que "en tres años se han radicado en Argentina 660.000 personas. El funcionario consideró que "los que vienen a trabajar, producir y estudiar tienen las puertas abiertas, pero en cuanto a los que rompieron este contrato de confianza, queremos que no sigan viviendo en la Argentina".