La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará hoy a resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en "mal desempeño" en varios de sus fallos.

La comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard trabajará desde en la consideración de doce expedientes referidos a solicitudes de Juicio Político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, siete presentados por legisladores y cinco por particulares.

La comisión se reunirá a las 11 para comenzar a analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara Baja. Que sea consumado o no el juicio político dependerá de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) que ya avisó que no apoyará está embestida contra el Poder Judicial.

La intención del oficialismo es comenzar hoy con el análisis de los expedientes y definir el esquema de trabajo ya que el primer paso de la comisión será establecer si son admisibles los pedidos de juicio político y allí el oficialismo tiene mayoría para imponer su criterio. Posteriormente, se estima que en quince días comenzará la etapa de apertura del sumario a prueba, que se prolongará hasta fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte. El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.

Por su parte, la principal bancada opositora ya anticipó que no dará quórum para tratar los proyectos contemplados en la convocatoria mientras se mantenga el proceso de juicio político, ya que consideran que se trata de "un ataque a la Corte y a la institucionalidad" por parte del Gobierno.

Desde el Frente de Todos (FdT) consideran, en cambio, que "la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento", y recuerdan que "en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional".

Por su parte, autoridades del Interbloque JxC se reunieron ayer con miembros de la comisión de juicio Político para analizar su estrategia con vistas a la reunión que se celebrará hoy para abrir el debate sobre si es admisible el enjuiciamiento contra los miembros del tribunal.

En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados encabezados por Eduardo Valdés, se toma como base el documento impulsado por el Presidente, pero se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.

En el texto, de 410 páginas, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos "todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados". "El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante".

Apuran la “Ley Lucio”
Alberto Fernández anticipó ayer que enviará para que se trate en extraordinarias la “Ley Lucio”, que establece un plan de capacitación de funcionarios públicos para actuar en situaciones de violencia contra menores, como sucedió con el asesinado niño Lucio Dupuy.

  • Axel presentó una denuncia penal

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó ayer ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, por "delitos de tráfico de influencias" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Se trata de una nueva denuncia vinculada a la filtración de chats atribuidos al funcionario porteño y al colaborador del presidente del máximo tribunal en los que se hacen referencias a pleitos judiciales en los que se vieron enfrentados los intereses del Gobierno nacional con los del Gobierno porteño y los del oficialismo a nivel nacional con los de la oposición.