El alzamiento carapintada de Semana Santa de 1987 fue derrotado por una combinación de movilización popular espontánea y convocatoria política amplia, según diversos protagonistas de aquellas jornadas en que la democracia estaba en peligro.
‘Fue un punto de inflexión porque por primera vez se convocó al pueblo de manera amplia bajo una consigna que era un parteaguas: democracia o dictadura’, evoca Leopoldo Moreau, que integró el ‘comité de crisis’ en la Casa de Gobierno, junto a la oficina del presidente Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical).

‘El golpe abortó por la movilización popular. La convocatoria a defender la democracia expresaba el sentir de la población’, opina Jesús Rodríguez, entonces un joven diputado enrolado en Junta Coordinadora Nacional, el grupo de nuevos dirigentes radicales que soportaban el mote de ‘los montoneros de Alfonsín’.

‘Hubo convocatoria política pero también mucha espontaneidad e indignación. Eso volcó la balanza al demostrarle a los alzados que no había plafón para una nueva aventura’, afirma Mario Cafiero, hijo del dirigente histórico del peronismo Antonio Cafiero, quien se colocó en respaldo del orden institucional.

Durante más de cien horas, los embetunados bajo el mando del teniente coronel Aldo Rico tuvieron en vilo al país reclamando una ‘solución política’ para cientos de citaciones judiciales contra oficiales por las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar concluida cuatro años antes.

También buscaban despegarse de responsabilidad en la represión, e invocaban su condición de víctimas, en la Guerra de Malvinas. ‘Armamos un comité de crisis en la madrugada del jueves 16, que funcionó durante los cuatro días en la oficina el secretario de la Presidencia, Carlos Becerra.

Allí se decidió una respuesta rápida para desenmascarar a los alzados y convocar a la ciudadanía y a las fuerzas políticas sin exclusiones’, recuerda Moreau.
En ese grupo revistaban políticos de la mayor confianza de Alfonsín: el dirigente Enrique ‘Coti’ Nosiglia; Fredi Storani y Marcelo Stubrin, además de Becerra y Moreau, todos ‘coordinadores’, a los que se sumó el diputado jefe de la bancada radical, César Jaroslavsky.

Horas antes el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, había dispuesto la baja del mayor Ernesto Barreiro, reconocido como jefe de los torturadores del centro de detención ilegal cordobés de La Perla, quien tras su negativa a presentarse ante la Justicia buscó refugió en el regimiento aerotransportado de Córdoba mientras Rico rompía la cadena de mandos en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo (provincia de Buenos Aires).

El jefe de la bancada peronista de diputados, José Luis Manzano y las principales figuras de la renovación partidaria Carlos Grosso, Oraldo Britos, José Manuel De la Sota y Cafiero, fueron de los primeros en llegar a la sede gubernamental el 16 de abril, donde reinaba la incertidumbre sobre el futuro del orden constitucional.
Atrajeron al jefe de la Confederación General del Trabajo (CGT), Saul Ubaldini, y a Lorenzo Miguel, quienes también estuvieron en una Asamblea Legislativa, en la que el presidente aseguró que ‘la democracia no se negocia’ y llamó a ‘doblegar el brazo de los golpistas’.

En su primer contacto con el pueblo desde un ventanal de Congreso, Alfonsín pudo palpar la magnitud del respaldo, ya que la muchedumbre agolpada en la Plaza del Congreso superaba las 300 mil personas.

En una reunión ampliada con dirigentes radicales en Casa de Gobierno se dieron las novedades, como la orden de represión encargada al general Ernesto Alais, y una lista de cincuenta dirigentes que los rebeldes planeaban asesinar. 

Aunque luego se dijo que la demora de las tropas encargadas de sofocar el alzamiento se debía a darles un plazo y evitar derramamientos de sangre, quedó claro que había una generalizada negativa militar a enfrentar a sus camaradas.
Ese ‘empate’ se tornó peligroso ya que a partir de aquel Viernes Santo comenzaron a concentrarse en las puertas de la guarnición de Campo de Mayo miles de militantes y vecinos que interpelaban a los carapintadas, aumentando el riesgo de masacre.

Fueron cuatro días de vehemencia antimilitarista. Hubo que esperar hasta el mediodía del domingo de resurrección para que, luego de la firma de un Acta de Compromiso Democrático en la Casa de Gobierno, Alfonsín anunciara a la multitud congregada en la plaza su traslado a Campo de Mayo para reunirse con los rebeldes, que exigían su presencia para rendirse. ‘Cuando llegamos había unas 20 mil personas que rodeaban la Escuela de Infantería.

Tuvimos que pedir a la gente que se retirara porque el peligro de que los carapintadas dispararan y hubiera una matanza era enorme’, evocó Moreau. A las 18.07 del domingo 19 de abril, Alfonsín anunció desde el balcón de la Casa de Gobierno: ‘La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina’, la frase que con su ‘felices Pascuas’ cerró un momento dramático de la transición democrática. Télam

 

Obediencia Debida
 

Cuarenta y seis días después de la Semana Santa carapintada, Alfonsín promulgó la ley 23.521, de Obediencia Debida, que estableció diferentes niveles de responsabilidad penal para los jefes que hubieran impartido ordenes, para la represión ilegal, de los que las hubieran cumplido por disciplina militar.

Ello equivalía a una exculpación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura por oficiales de rango medio y bajo, acotando el universo punible a los mandos superiores, con la única excepción del robo de bebés de desaparecidos. La ley tuvo como primer beneficiario al jefe de la inteligencia de la Policía de Buenos Aires, el comisario Miguel Etchecolatz, a quien la Corte consideró entonces un mero ejecutor de las órdenes dictadas por el jefe de esa fuerza, el general Ramón Camps. El entonces ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, aseguró siempre que su dictado no respondió a una negociación con los insurrectos sino a la mera aplicación del criterio de ‘distintos niveles de responsabilidad’ que Alfonsín había enunciado durante la campaña.

La norma complementaba a otra, bautizada como Ley del Punto Final. Ambas apuntaban a ir cerrando el proceso abierto con el histórico Juicio a los Comandantes de 1985, que condenó a nueve jefes de las tres Juntas Militares, pero estaban lejos de satisfacer las pretensiones militares de extinción de toda sanción, llamada eufemísticamente ‘solución política’.