La empresa brasileña Odebrecht afirmó ayer que está dispuesta a llegar a una acuerdo con Argentina para entregar información y pagar las multas necesarias por los actos de corrupción cometidos en el país en los contratos de obra pública, según la responsable de Política de Conformidad de la constructora, Olga Pontes.

"Estamos dispuestos a reconciliar el pasado con esta nueva realidad de la empresa. Queremos sentarnos con Argentina para pagar por el pasado, y con el objetivo de llegar a un acuerdo con las autoridades", dijo en diálogo con los corresponsales extranjeros en Sao Paulo, Brasil.

La constructora Odebrecht, eje de un gigantesco sistema de corrupción en obra pública en 12 países, presentó ayer el balance de su nueva gestión con estándares internacionales de transparencia.

La empresa constructora, de la cual 80 ejecutivos se convirtieron en delatores -incluso sus dueños-, es la más grande en su tipo de América latina, e hizo acuerdos por 1.800 millones de dólares en Brasil, Estados Unidos, Suiza, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Panamá. En el caso argentino, la Procuración llegó a un acuerdo con la fiscalía general de Brasil para compartir información, aunque los brasileños sostienen que los delatores de Odebrecht beneficiados por las leyes de Brasil no pueden ser procesados en la Argentina por el mismo delito.

Odebrecht fue suspendida en 2017 por un año de operar en la Argentina a raíz de los escándalos de corrupción vinculados al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires, y contrataciones realizadas por Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa).

"Argentina no posee los mismos elementos legales como Brasil para llegar a un acuerdo de lenidad, pero queremos trazarlo para poder pagar las multas que sean necesarias", aseguró la especialista en buenas prácticas que actúa en la empresa desde que la constructora decidió delatar ante la justicia la red de sobornos.

La empresa ha implementado desde 2016 un plan de Conformidad y transparencia que hasta el año que viene está siendo monitoreado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El heredero y expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, está cumpliendo una condena de 21 años de prisión en su domicilio luego de haber confesado las coimas a funcionarios de 12 países para ganar licitaciones y actuar como un cartel de la obra pública en Brasil. Con la nueva gestión, Odebrecht no permite a la familia fundadora participar del consejo de administración.