El fiscal federal solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba en la investigación al presidente de la AFA por su paso como funcionario del CEAMSE. Entre ellas, que la FIFA informe el motivo de tres transferencias hechas a su favor entre 2018 y 2020..
Claudio "Chiqui" Tapia.
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El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este martes que se envíe un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA aclare el concepto y la causa de tres transferencias que giró a nombre del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, entre 2018 y 2020. La medida se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito abierta contra el dirigente en su carácter de funcionario del CEAMSE.
Según el requerimiento, los giros fueron de USD 49.585,53 (19 de diciembre de 2018), USD 124.583,56 (27 de junio de 2019) y USD 15.408,09 (27 de marzo de 2020, liquidado en pesos por $985.049,15). En total, suman unos USD 189.000. Los fondos se acreditaron en una caja de ahorros a nombre de Tapia en un banco argentino, según informaron fuentes judiciales a Infobae.
La fiscalía también quiere que, por vía de la Justicia suiza, la FIFA detalle todos los pagos, honorarios, dietas y viáticos abonados a Tapia desde 2016, con indicación de los cargos que los originaron y las cuentas de destino.
Pollicita argumentó que el banco local remitió un cuadro de operaciones de comercio exterior en el que la FIFA figura como ordenante de los giros desde Suiza, por USD 189.578. Además, señaló que Tapia no declaró ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas que constan en el expediente.
Las medidas deberán ser ordenadas por el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa.
El fiscal también pidió levantar el secreto fiscal, bursátil, bancario y financiero de la ex esposa de Tapia, Paola Moyano, desde 2016 hasta hoy. Fundamentó el planteo en que Moyano fue incorporada como firmante de cuentas del dirigente el mismo día en que se registró un depósito de USD 620.000, y en que figura como cotitular de una caja de seguridad y usuaria de tarjetas adicionales. A eso sumó que la mayor parte de los bienes declarados por Tapia son de carácter ganancial.
Otro pedido apunta al Sindicato de Choferes de Camiones, al que se le solicita explicar 37 acreditaciones por $1.494.678,79, realizadas entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo de Tapia, además de su legajo laboral, funciones, recibos de sueldo y fechas de alta y baja. Según la fiscalía, esos depósitos fueron los únicos ingresos de la cuenta y no figuraban entre los ingresos declarados.
Pollicita pidió que la AFA informe qué normas, actas o resoluciones autorizaron la emisión de tarjetas de crédito corporativas adicionales a nombre de Tapia, con sus límites, política de uso y rendiciones de gastos, y que aclare si los consumos se imputaron como remuneración, retribución en especie o adelantos. También reclamó explicaciones sobre transferencias de la AFA a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023 y sobre la liquidación de $30.000.000 en viáticos que el dirigente declaró haber cobrado.
La lista incluye además las declaraciones juradas que Tapia presentó ante la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2022, datos sobre los vehículos a su nombre o en los que figuró como autorizado, y un informe de ARCA sobre si Tapia y Moyano adhirieron al régimen de regularización de activos de la Ley 27.743 o al régimen especial de Bienes Personales; si lo hicieron, el fiscal pidió las declaraciones, los bienes exteriorizados, las cuentas y los pagos.
La investigación se abrió en septiembre, a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. Lijo ya había ordenado medidas, como un exhorto a la CONMEBOL, con sede en Asunción, para que remita el legajo personal de Tapia, los cargos que ejerció, sus ingresos y las cuentas usadas para pagarle.
Tapia preside la AFA, un cargo ad honorem. Según la denuncia, integró el directorio del CEAMSE entre 2016 y 2025: fue vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024 y presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires desde enero de 2025. El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre.
