Cinco países latinoamericanos y Canadá hicieron ayer oficial una petición para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron en los márgenes de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una carta sellada el martes pasado por los líderes de sus respectivos países solicitando la intervención de la Corte con sede en La Haya, Holanda.

La demanda por Venezuela es inédita en la historia de la CPI.

La misiva va acompañada de informes de expertos internacionales. Entre esos, hay un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en el que se documentan torturas en el marco de las protestas antigubernamentales de 2017.

También otro redactado por expertos designados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que concluyó que existía un "fundamento razonable" para considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad. El canciller peruano, Néstor Popolizio, destacó que en Venezuela "impera un mecanismo de dictadura". Su homólogo chileno, Roberto Ampuero, insistió en que los informes "muestran las denuncias de delitos de lesa humanidad". "Consideramos (...) que permanecer indiferentes podría tener ribetes de complicidad", apuntó el canciller paraguayo, Luis Castiglioni.

En la presentación de la carta estuvieron también la titular de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland; el argentino, Jorge Faurie; y el colombiano, Carlos Holmes. La demanda, inédita en los dieciséis años de historia de la CPI, activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, que permite a los estados parte denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados en terceros países. La denuncia no abrirá automáticamente una investigación plena por parte del tribunal, ya que ese paso depende de la Fiscalía, que actúa de forma independiente.