Dirigentes de la Coalición Cívica (CC), el espacio político liderado por Elisa Carrió, denunciaron ante la Oficina Anticorrupción (OA) a Emilio Pérsico por incompatibilidad en sus funciones. El texto revela que a través de la Secretaría de Economía Social, de la cual es titular, el líder del Movimiento Evita intervino en dos expedientes, a través de los cuales la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, de la cual él era directivo, fue beneficiada con más de 160 millones de pesos. La aprobación del convenio estuvo a cargo de Alexandre Roig, el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), un funcionario que también es dirigente del Evita. Según la denuncia, esta también es una "clara incompatibilidad".

La Federación de Cooperativas de Trabajo Evita está integrada por 49 unidades de gestión que emplea a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Algunas de ellas son: Cooperativa de Trabajo La Patriada; Cooperativa La Montonera; Cooperativa Chacho Peñaloza y Cooperativa San José Obrero.

El Potenciar Trabajo es administrado por Pérsico desde la Secretaría de Economía Social. Es el programa más importante del ministerio de Desarrollo Social, junto con el Alimentar. Tiene 1.383.279 titulares y de ellos 253.184 están bajo la lupa judicial después de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubriera irregularidades en el cobro del beneficio, como las compra de dólares, o como tener más de una propiedad o un auto con menos de un año de antigüedad.

Las dos resoluciones tramitadas por Pérsico son la 144 del año 2020 por $2.043.440 y la 236 del mismo año por $158.200.000. Según la denuncia, también firmada por el concejal de La Matanza Héctor "Toty" Flores y la dirigente María Fernanda Reyes, Pérsico "no se excusó" en la tramitación de los expedientes a pesar de estar a cargo de Potenciar Trabajo y formar parte de la Federación que integran las 49 cooperativas de la economía popular.

La maniobra describe irregularidades en "la celebración de convenios con cooperativas de trabajo, federaciones, fundaciones y asociaciones civiles para el otorgamiento de soluciones financieras", según el sitio de noticias Infobae.

• Avanzan con el control de los planes irregulares

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró ayer que el Gobierno "no permitirá la doble estigmatización" de quienes acceden a los programas sociales y aquellos que "los administran" desde el Estado, y consignó que sólo se detectaron irregularidades en el 0,3% de las personas que acceden al programa Potenciar Trabajo.

De esta forma, la ministra se refirió a las posibles irregularidades e inconsistencias en el padrón de beneficiarios de ese programa en base a informaciones periodísticas y presentaciones judiciales que se llevaron a cabo en los últimos días.

"El Gobierno no permitirá la doble estigmatización de quienes reciben los programas sociales y de aquellas personas que los administran desde el Estado. Detectamos irregularidades en sólo un 0,3 por ciento del universo de beneficiarios y el 99.7 cumple con todos los requisitos para recibir este beneficio", señaló Tolosa Paz en una conferencia realizada en Casa Rosada.

En ese sentido, informó que "una breve encuesta nos dará la información necesaria para que este Ministerio diseñe mejor los instrumentos para el puente al trabajo formal, la entrega de herramientas y los programas de incentivo a la capacitación y al estudio".

La funcionaria indicó además en sus redes sociales que "quienes no realicen la revalidación antes del 6 de enero de 2023 quedarán excluidos del programa". "En las próximas horas iniciaremos una campaña de difusión y acompañamiento de las personas que deben hacerlo", aseguró.

"Potenciar Trabajo no es incompatible con ser propietario o propietaria de un inmueble, ni con tener una moto o un auto de más de 10 años de antigüedad. Pero sí es incompatible con la compra de divisas", aseguró Tolosa Paz.