Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron ayer el embargo de todas las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de obra pública en favor del detenido empresario Lázaro Báez.

Los fiscales elevaron el pedido de 37 páginas al juez federal Julián Ercolini, a quien le solicitaron, además, que disponga una serie de embargos (más de 180 bienes en total) sobre activos a nombre de Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, y del exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros.

En el listado de bienes a embargar figuran 25 inmuebles, cedidos a los hijos de la expresidenta; dinero en efectivo, cedido a Florencia; un automóvil Honda CRV, cedido a ambos hijos, y acciones de las empresas Los Sauces y Hotesur, también cedidas a los dos.

Además, los fiscales pidieron el embargo de 81 inmuebles y porcentajes de inmuebles de Lázaro Báez y cuatro automóviles, entre los que hay un BMW, y acciones de Austral Construcciones, Kank y Costilla.

Al actual diputado nacional De Vido se le pidió embargar el 50 por ciento de un inmueble y dos autos; y a López, que está detenido por supuesto enriquecimiento ilícito, siete inmuebles, un bote a motor y un auto.

Al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública del Ministerio de Planificación y primo del expresidente Néstor Kirchner, Santiago Kirchner, se le pidió el embargo sobre ocho inmuebles, una lancha, siete autos y diez "productos bancarios", según consta en el requerimiento fiscal.

El objetivo del pedido de Mahiques y Pollicita es "evitar que sobre los activos a resguardar se produzca un deterioro que conspira contra la garantía patrimonial que su cautela pretende salvaguardar".

Los fiscales reclamaron que "se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables, como así también el depósito en el Banco Nación de los productos bancarios inmovilizados a embargar, constituyéndose plazos fijos de renovación automática".

El magistrado consideró que los procesados conformaron "una asociación ilícita que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015", y que defraudó al Estado al direccionar las concesiones de obra pública en favor de Austral Construcciones, firma de Báez.

Para Ercolini, la asociación ilícita invocada habría estado "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente" de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz. "Pocos días antes de que Néstor Carlos Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación, el 8 de mayo de 2003, Báez, junto con dos socios formó la firma Austral Construcciones S.A", había resumido Ercolini. Télam y DyN

Por la efedrina
 

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 juzgará al empresario y supuesto narcotraficante Esteban Ibar Pérez Corradi por la presunta tentativa de importar efedrina simulada entre partidas de pólvora y suero.

Juicio a Sala
 

Un fiscal pidió enviar a juicio a la diputada del Parlasur Milagro Sala por presunta tentativa de homicidio, según fuentes judiciales. Se investiga si Sala contrató a Fabián Ávila para matar a un dirigente enfrentado a Milagro.