Las empresas prestadoras de salud decidieron no cobrar un copago del 9% a partir del 1 de enero próximo a los usuarios de las prepagas, luego de una reunión realizada por la mañana con funcionarios de la cartera que conduce Carla Vizzotti.

De acuerdo con un comunicado de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), entidad que nuclea a hospitales privados, clínicas, sanatorios, servicios de emergencia médica y geriátricos, "las autoridades nacionales ratificaron a los representantes de la FAPS la plena vigencia del incremento vigente del 9% a partir del 1 de enero de 2022 y garantizaron al sector que arbitrarán las medidas para que se cumpla con el traslado del 9% correspondiente a enero por parte de las empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección".

Fuentes del sector señalaron que, con la suspensión del cobro de copagos, el Gobierno está ganando apenas 30 días porque en febrero se debe realizar la revisión de la paritaria, que implicará una mejora salarial de no menos del 10 por ciento para los trabajadores de la actividad.

El domingo pasado, los prestadores habían anunciado el cobro de un copago del 9% para los usuarios de las prepagas, debido a que estas últimas les habían comunicado la imposibilidad de cumplir con el incremento del valor de sus servicios, pese al aumento de las cuotas de sus afiliados de un 9% en enero.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud convocó a las partes a una reunión con el objetivo de "mitigar el impacto sobre la población" que puede significar el cobro de un copago.

La gestión de la cartera que conduce Vizzotti obtuvo sus frutos y en las primeras horas de la tarde anunciaron que logró un acuerdo y "queda sin efecto el cobro del copago".

"Las autoridades sanitarias y representantes de las prestadoras privadas de la salud continuarán trabajando para encontrar una solución a los desafíos del sector y evitar un impacto en el bolsillo de los afiliados y las afiliadas", señaló la dependencia nacional. De esta manera continúa vigente la resolución 2125 de julio de 2021, la cual establece que los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga deberán incrementar los aranceles de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios y usuarios por los prestadores inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud, en un nueve por ciento (9%) a partir del 1º de agosto de 2021, nueve por ciento (9%) a partir del 1º de septiembre de 2021, nueve por ciento (9%) a partir del 1º de octubre de 2021 y nueve por ciento (9%) a partir del 1º de enero de 2022, siempre sobre los valores vigentes al mes anterior.

El lunes, la Superintendencia de Servicios de Salud advirtió -a las prepagas así como a las empresas prestadoras de salud- que iban a "aplicar las sanciones correspondientes con todas las herramientas vigentes y aquellas que la autoridad de aplicación defina, a toda entidad que no se encuadre en el ordenamiento de la mencionada disposición conforme al compromiso asumido por las entidades del sector en el acta acuerdo pertinente".

En la reunión estuvieron presentes el superintendente de Servicios de la Salud, Daniel López; y por parte del Ministerio de Salud, la jefa de Gabinete, Sonia Tarragona; el secretario de Equidad en Salud, Víctor Urbani; y el secretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo. En ese marco, los directivos dijeron que informaron "al Gobierno la crítica situación económica de las empresas del sector prestador y la necesidad de implementar medidas de fondo que permitan sortear esta situación y construir las bases para un sistema sostenible".

El desfasaje

Las empresas de Salud difundieron que, desde 2012, cuando entró en vigencia la actual Ley de Medicina Privada, las cuotas habían aumentado 1.054% contra un costo de vida que escaló 1.450%; un 1.950% que avanzaron los costos del sector salud; y un 3.000% el que habían subido los medicamentos.