El bloque justicialista del Senado intentará aprobar en el transcurso de este mes una ley para habilitar el financiamiento de los partidos políticos y otra para regular los lobbys empresarios, como parte de la agenda de transparencia que diseñaron para llegar bien parados a las elecciones.

Si prosperan en el Senado, podrá decir que su bloque no se resiste a una agenda institucional del Gobierno, un reproche habitual que le llega desde la Casa Rosada.

El PJ del Senado está apurado en aprobar una ley que regule aporte de campaña y otra de lobbys empresarios. Son proyectos que envió Macri a Diputados y se los cajonearon. El Gobierno recién envió a esa Cámara en agosto la ley para regular el financiamiento de la política, para sobrellevar el escándalo por los aportantes truchos en la última campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Pero a Elisa Carrió y a algunos diputados de la UCR no les convence habilitar aportes de empresas a las campañas y el macrista Pablo Tonelli nunca pudo reunir la Comisión de Asuntos Constitucionales para discutirlo.

Máximo Kirchner no sólo que lo rechaza, sino que propuso una ley para distribuir digital gratuita en internet, que se sume a los espacios radiales y televisivos sorteados antes de cada elección.

El proyecto de Pichetto y su par Dalmacio Mera permite donaciones de empresas privadas de hasta el 5% del total de sus ganancias netas por año calendario y de hasta el 15% en las campañas.

El del Gobierno la restringía a 2% de los gastos de un partido durante las campañas y en ambos casos se bancarizan todos los aportes.

Mera encabezó el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto para debatir el tema en el Senado, con visitas de especialistas en temas electorales que pidieron al unísono blanquear los aportes, pero con controles.

Muestra de que la negociación aún está en ciernes, el riojano Julio Martínez, la UCR, advirtió que los aportes privados les permitieron a los narcotraficantes influir en la política mexicana.

Su correligionario Ángel Rozas presentó una ley para incorporar peritos auditores a las campañas; y Olga Brizuela y Doria y Silvia Elías de Pérez, también radicales, promueven un proyecto para limitar la cartelería electoral.

Nada es más polémico que el dinero de las campañas. "Estamos de acuerdo en que haya aportes privados porque la Constitución dice que el Estado contribuirá pero no sostendrá a los partidos políticos. Cuánto de público y cuánto de privado es un tema de ustedes", sostuvo Alberto Dalla Vía, miembro de la Cámara Nacional Electoral.

El magistrado enumeró deficiencias del sistema electoral por la superposición entre su tribunal y las justicias electorales provinciales, como irregularidades en padrones, un calendario electoral extenso ("No se alteraría la autonomía provincial por limitarlo", aseguró) o ausencia de rendición de cuentas.

Con esa experiencia, objetó la creación de un "Registro de Trazabilidad de los Aportes Electorales" en la AFIP, que forma parte del proyecto del PJ.

Antes de cerrar el debate, Mera anticipó que evaluará la incorporación de un Instituto electoral "que controle la vida de los partidos políticos", un viejo reclamo de su Dalla Vía y el otro camarista Santiago Corcuera, que no forma parte de estos proyectos.