El juez federal Daniel Rafecas procesó ayer al detenido exministro de Planificación Julio De Vido y al exsecretario de Energía Daniel Cameron por "negociaciones incompatibles con la función pública", al considerar que favorecieron a la constructora brasileña Odebrecht en contratos para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur entre 2006 y 2008.

Se trata del primer procesamiento dictado por la Justicia argentina en una de las causas vinculadas al escándalo por el pago de sobornos de la constructora llamado "Lava Jato" en Brasil y que repercutió en varios países de la región.

Para el juez Rafecas "no hay margen de duda" respecto al "rol esencial que tenía el ministro De Vido en relación a los procedimientos irregulares investigados", según el fallo de 308 carillas al que accedió Télam.

"Es posible afirmar que De Vido no pudo carecer de conocimiento -cuanto menos, de los trazos más gruesos-, respecto del modo y la vía por la que la Constructora Norberto Odebrecht ingresó al desarrollo de las obras de infraestructura sobre las cuales, por cierto, el ministro tenía especiales responsabilidades en función de las misiones que le fueran encomendadas a su ministerio" por decreto presidencial, apuntó.

Sostuvo que "lo ocurrido aconteció en el ámbito de su cartera ministerial a la cual pertenecía el organizador -"Secretaría de Energía"-, el suborganizador -"Subsecretaría de Combustibles"-, -el Enargas "organismo que asistía a la Secretaría de Energía-, y la Subsecretaría de Energía Eléctrica".

Los contratos para ampliar los gasoductos "fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas" de los entonces funcionarios ahora procesados.

La megaobra -con un presupuesto de 2.300 millones de dólares- estuvo a cargo de Odebrecht, la constructora implicada en el escándalo brasileño del "Lava Jato" por multimillonarios pagos de sobornos en distintos países para obtener obra pública.

Para Rafecas, "todo el proceso licitatorio habría estado enderezado desde un principio a la adjudicación del negocio a Odebrecht", aunque aclaró que en su investigación no está incluido el supuesto pago de sobornos, sino que ese delito forma parte de otra causa, a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Rafecas dio por probado que hubo negociaciones incompatibles, un delito que prevé hasta seis años de prisión, y se dictaron embargos por un millón de pesos a los procesados.

"Existieron interferencias ajenas a los intereses de la Administración Pública en la medida de que se advierte la concurrencia de actos dirigidos a beneficiar" a Odebrecht que finalmente resultó adjudicataria de los contratos de prestación de servicios requeridos" para la obra "Ampliación gasoductos TGS y TGN", puntualizó el juez.

El fiscal se opone a la liberación de Báez

El fiscal Abel Córdoba se opuso ayer al pedido de "cese de prisión preventiva" formulado por el empresario Lázaro Báez cuando están por cumplirse los dos años de su encarcelamiento en la causa por lavado de dinero.

El representante del ministerio público elevó su dictamen ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 que ahora deberá decidir si acepta o rechaza el "cese de la prisión preventiva" solicitado por Báez que acuñó su fortuna como concesionario de obra pública durante el kirchnerismo. Abel Córdoba consideró que la libertad de Báez podría poner en riesgo el juicio oral que debe llevarse a cabo en su contra y se manifestó en contra, también, de concederle la prisión domiciliaria monitoreada por pulsera electrónica.

Este jueves, Báez cumplirá 2 años detenido de manera preventiva pero el fiscal consideró que esa situación debe prorrogarse un año más, tal como lo permite la ley,