El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó ayer, sin prisión preventiva, a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de la agrupación Revolución Federal, a los que acusó de llevar a cabo un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor.

El magistrado los procesó por los delitos previstos en el artículo 213 bis del Código Penal, que prevé penas de hasta ocho años de prisión, y advirtió en su fallo que las conductas atribuidas a los imputados quedan por fuera de la protección constitucional de los derechos a la protesta y a la libre expresión de ideas, pues exceden el ejercicio de la libertad de expresión y el ámbito de reserva constitucionalmente amparado.

El juez, además, mandó a trabarles embargos sobre los bienes hasta cubrir el monto de nueve millones de pesos, según surge del fallo de 60 páginas. 'Se considera materialmente acreditado que, a través de esta organización, los/as imputados/as llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor', sostuvo Martínez de Giorgi en la resolución.

Para ello, continuó, 'utilizaron sostenidamente en el tiempo manifestaciones intimidantes en distintas redes sociales y medios masivos de comunicación, repartiendo folletería y mediante protestas autoconvocadas, planificando, coordinando y difundiendo mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas -principalmente en contra de autoridades del actual Poder Ejecutivo Nacional y sus simpatizantes'.

'Así, generaron el impacto deseado de incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales', aseveró el magistrado. Para los investigadores, la finalidad de los actos desarrollados por Revolución Federal 'fue incitar a la renuncia de los personajes públicos escrachados - pertenecientes a autoridades del actual gobierno-, mediante propaganda de contenido violento y el activismo social'. El juez destacó 'la utilización de insignias tales como: Todos presos, muertos o exiliados'.