El Gobierno nacional busca tomar el toro por las astas en el caliente debate por las tarifas con una iniciativa

propia que pondrá a discusión en el Congreso. Se trata de un proyecto de ley que el Gobierno nacional enviará en las próximas horas al Parlamento sobre facturación de servicios públicos esenciales, que pretende eliminar los cargos provinciales y municipales en las boletas de tarifas de electricidad, gas y agua que llegan a los hogares de todo el país.

La iniciativa se llama "Ley de Transparencia en la Facturación de Servicios Públicos Esenciales", tiene trece artículos e incluye sanciones a quienes incumplan con su articulado.

El punto central de la iniciativa es el artículo seis, que establece: "Las facturas de los servicios públicos esenciales" deberán "contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento de la facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere", incluyendo IVA e Ingresos Brutos "si correspondiere" también.

El artículo siete, en tanto, exige que "no se podrá incorporar a la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto ajeno a los expresados" en el párrafo anterior. Además, para asegurar que el contribuyente pague sólo por lo que consume, el art. 8 señala que "el usuario podrá hacer uso del derecho de pagar sólo el monto que totalicen los conceptos previstos en el artículo seis, imputándose válido el pago del servicio público en cuestión".

Las sanciones ante el incumplimiento de la ley irán en forma creciente en el siguiente orden: apercibimiento, multa equivalente a multiplicar en 10 a 10 mil veces el monto facturado indebidamente o la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

Además de invitar a las provincias, incluyendo a sus municipios, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley, el proyecto al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam subraya que el objeto "es garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa relativa al consumo de los servicios públicos esenciales".

Además, se busca evitar "distorsiones en la información del monto a abonar, producidos por conceptos ajenos a la prestación del servicio o improcedentes de ser incorporados en dicha factura".

Más allá de la adhesión provincial, la iniciativa aclara que se trata de una ley de "carácter público nacional, siendo sus normas de carácter federal".

Entre los sujetos obligados, el proyecto menciona a "los responsables de la facturación para el cobro de prestaciones de servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua, sean estos entes públicos o privados, independientemente de la figura jurídica que posean y el alcance territorial de la prestación del servicio".

Finalmente, la autoridad de aplicación, o sea el Poder Ejecutivo Nacional, deberá notificar a los "sujetos obligados dentro de los veinte días posteriores a su promulgación".

Si la oposición rechaza el proyecto en el Congreso tendrán que asumir el costo político que hoy apunta a la Nación.

El gobierno dispuso ayer que los servicios digitales de contenido audiovisual, como Netflix, Qubit y Spotify, y los de delivery, entre los que se incluyen Cabify o Glovo, deberán pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y que los intermediarios para el cobro a los clientes serán agentes de percepción del impuesto. La medida fue dispuesta mediante el decreto 354 publicado en el Boletín Oficial, donde se resolvió definir una "reglamentación dinámica" para la carga tributaria sobre los actores de la economía digital, actuales y futuros. Además de los mencionados proveedores de contenidos audiovisual, la economía digital incluye desde las plataformas de comercio electrónico hasta los servicios de delivery como Cabify o Glovo, así como los bancos virtuales. El pago de IVA implica un 21% más.