Con el objetivo de evaluar el problema de la multiplicidad de villas en el país, el Gobierno Nacional en conjunto con un grupo de ONG’s y agrupaciones barriales realizó un relevamiento para identificarlas, cuantificarlas y analizar la situación en la que viven las personas que las habitan. Según los primeros datos de ese informe, con una sumatoria de 29, San Juan es la cuarta provincia con menos asentamientos de ese tipo.

El informe, publicado por el diario Infobae y especificados en un decreto nacional, fue realizado entre agosto de 2016 y mayo de 2017 y detectó 4.100 asentamientos en todo el país.

De él se desprende que la mayor concentración de villas está en la provincia de Buenos Aires, que contiene 1.612. Mientras que, la provincia que menos asentamientos contiene es Santa Cruz, con 5. La siguen, La Rioja con 14, San Luis con 23 y luego está San Juan con 29.

Por otro lado se detectó que más de la mitad de las villas (2.275) nacieron antes del 2000, mientras que 749, casi un cuarto del total, son posteriores a 2010. En tanto, de 1.340.272 personas relevadas, el 38% son niños o jóvenes de hasta 20 años, y el 3% son mayores de 65 años.

La normativa que contiene la información, entre otros puntos, establece la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y su incorporación dentro del ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Según se establece en el decreto, la función principal de este registro será "asentar los 'barrios populares', las construcciones existentes en dichos barrios y datos de las personas que las habitan a efectos de desarrollar políticas públicas habitacionales inclusivas". Y será, además, la base de datos para iniciar políticas tendientes a la regularización dominial.

"La precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de las personas, limitando el acceso a la infraestructura y a los servicios públicos, lo que contribuye a la generación de situaciones de pobreza, marginación y fragmentación social", expresa entre los argumentos la norma.

Por otro lado, las familias que forman parte de este registro recibirán un Certificado de Vivienda Familiar, instrumentado por la ANSES, que será requisito suficiente para "acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar CUIT y CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas".